El presidente de la Generalitat amenaza a Madrid con una consulta popular a la vez que CiU ofrece apoyo al Gobierno en temas económicos
07 ene 2012 . Actualizado a las 07:00 h.El presidente de la Generalitat, Artur Mas, quiere reclamarle cara a cara y «con seriedad» a Mariano Rajoy el pago de las deudas pendientes con Cataluña. Por ello le solicitó formalmente una entrevista en la que, entre otros asuntos, quiere exponer su propuesta de pacto fiscal. En el Ejecutivo autónomo andan con la mosca detrás de la oreja con los primeros pasos del Gobierno central, que ha olvidado lo que decían los dirigentes del PP catalán durante la campaña electoral sobre los 1.450 millones que reclama Cataluña del fondo de competitividad y los 759 por inversiones previstos en la adicional tercera del Estatuto. CiU y PP están condenados a entenderse: la federación nacionalista carece de mayoría absoluta en el Parlamento catalán para sacar adelante sus presupuestos, mientras que los populares necesitan a los convergentes para aumentar su base de legitimidad. Sin embargo, aparecen ya unas pequeñas grietas en el hasta ahora débil matrimonio de conveniencia.
Más aún tras unas declaraciones del ministro de Economía en el Financial Times, según las cuales el Gobierno estaría sopesando la posibilidad de controlar los presupuestos de las comunidades, que han aumentado la desconfianza desde Cataluña. O incluso la indignación, ya que la medida resulta «intolerable», en tanto que se «cargaría el Estado autonómico, la autonomía y el autogobierno de Cataluña», según el portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs. Hace tiempo que recorre por Cataluña el fantasma de una nueva Loapa impulsada desde Madrid. Una Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico cuyo punto de partida muchas voces del nacionalismo catalán sitúan en la reforma constitucional exprés que aprobaron PP y PSOE en el final de la pasada legislatura sin el concurso de las fuerzas periféricas.
El modelo autonómico
Porque para los nacionalistas el objetivo no es mantener el actual modelo autonómico, sino reformarlo. Lo dijo Mas el martes pasado: «Treinta años después no podemos seguir con el mismo esquema». Cataluña se siente mal tratada desde el punto de vista financiero y el pacto fiscal es la solución temporal al tan manido problema del encaje en España. «Los puentes entre Cataluña y el Estado se debilitarán aún más si esta propuesta no es escuchada por el Gobierno del PP», señaló Mas en el discurso de fin de año.
El problema para CiU es que ya no es decisivo para la gobernabilidad en el Congreso como en legislaturas pasadas. Mas lo admitió en el balance de su primer año de mandato: «Ya no tenemos la sartén por el mango», dijo sobre la mayoría absoluta del PP. Por eso juega otra carta, la de ofrecer la estabilidad que tanto reclaman los mercados financieros.
CiU se ofrece al PP para sacar adelante las reformas pendientes (mercado laboral y sistema financiero) con el mayor consenso posible, lo que lanzaría mensajes muy positivos. Y por las malas, lo cual le sirve para legitimar su política de recortes, mete miedo con que si no hay pacto fiscal, la Generalitat convocará una consulta popular que refrende el apoyo ciudadano al concierto económico.
Carga simbólica
No tendrá carácter vinculante ni de referendo, pero sí una gran carga simbólica, como herramienta del «derecho a decidir», y hay quien lo aprovechará para cargar las tintas soberanistas, lo que tensaría las relaciones entre Cataluña y el resto de España en un momento en que la economía pide estabilidad y sosiego. Además, CiU amenaza con una segunda medida de presión, mucho más radical, que propugna un cierre de cajas, que airea el fantasma de la insumisión fiscal impulsada por comerciantes catalanes en 1899 y que en su versión actualizada consistiría en aplazar el pago del IRPF o de la Seguridad Social.