La Casa Real dio ayer otro paso en el camino de expiación iniciado al estallar el escándalo Urdangarin. Ese que intentó tapar hace unos años enviando al extranjero al esposo de la infanta Cristina. Al apartarlo de los actos oficiales hizo lo correcto. Al desvelar el detalle de sus cuentas hizo lo correcto. Y al mostrar públicamente su respeto a la decisión judicial ha hecho lo correcto. Aunque con todo ello no haya hecho otra cosa que señalar con el dedo a Urdangarin y dar carta de naturaleza a las sospechas públicas. Es el peaje que debe pagar por su cuestionable y timorata reacción inicial, en la que los principios y la ejemplaridad cedieron ante la tentación del ocultismo. Fue la respuesta propia de una familia real, que no regia. Y como en el pecado se lleva la penitencia, ahora debe hacer un ejercicio extremo de transparencia para intentar recuperar la confianza que don Juan Carlos se había ganado durante los primeros años de la transición y que se ha ido minando con la relajación de los últimos tiempos. Porque si el especial valor de la monarquía se supone que es su capacidad para situarse por encima del resto de las instituciones, que le alcance la desafección que debilita a estas últimas pone en cuestión su propia supervivencia. Por ello, debe hacer un esfuerzo máximo para recuperar la credibilidad que nunca debió perder.