El sistema impositivo español está desequilibrado, el Estado necesita nuevos ingresos y perdura aún un elevado fraude. El modelo fiscal pide una reforma
17 nov 2011 . Actualizado a las 06:00 h.Pocas cosas hay más impopulares para un político que hablar de impuestos. Porque casi siempre es para subirlos. Sucede en elecciones municipales, autonómicas y generales. Las del 20-N no son un excepción, y además la situación económica es eso, excepcional. La reforma fiscal se antoja como un reto que, sí o sí, tendrá que abordar el próximo Gobierno. Sobre todo para obtener los ingresos que está perdiendo por el desplome económico (menos empresas y trabajadores que cotizan); para pagar los intereses extra por su deuda, y para cubrir las prestaciones sociales. Pero ojo hasta dónde se llega, porque puede ser contraproducente.
El Ejecutivo saliente deja sin abordar una profunda transformación del IRPF, reordenando sus tramos (hay 6 en España, el cuarto país europeo con semejante puzle) y evitando que recaiga más en los ingresos medios. También eludió una mejora en la inspección del fraude, y una nueva tributación a las sicav, las sociedades de inversión vinculadas a las grandes fortunas.
Al equipo de Elena Salgado se le atribuyen varias reformas. En los últimos dos años, desde que el Gobierno asumió los grandes ajustes, a los jubilados se les congeló las pensiones, a los funcionarios se les recortó el sueldo un 5? %, se suprimió la deducción por compra de vivienda, se ha recuperado temporalmente el impuesto de patrimonio (hasta el 2012) y todos los consumidores pagan más por sus productos, tras el pico al IVA del verano del 2010.
¿Han servido para algo esas medidas? Se han revelado como parches que no han atajado el problema: el desequilibrio del sistema. El mejor ejemplo está, precisamente, en el IVA: la recaudación por este tributo (que supone un tercio de todos los impuestos) cayó más de un 14?% doce meses después de subir. Se desincentivaron las compras, algo muy ligado al repunte del paro. Y con menos compras, también hay más negocios que tienen que cerrar. Una espiral.
Sumando todos los impuestos se concluye que España tiene una presión fiscal del 33?% sobre la riqueza nacional, seis puntos menos que el conjunto de la UE, y conforme a ello reciben una serie de servicios del Gobierno.
Sin embargo, si se aíslan varios de ellos se advierten desigualdades. En el IRPF -que supone casi la mitad de toda la recaudación- se advierte un tipo máximo del 45 %. Está entre los diez más altos de los países desarrollados, según un reciente informe de la consultora Ernst & Young. En la imposición de sucesiones y donaciones, en cambio, es el cuarto. Y el quinto de la UE por impuesto sobre beneficios a las empresas. Caso contrario al IVA: tercero por la cola, entre los más bajos.
El sistema impositivo español tiene más problemas. Medido sobre el PIB, España recauda en cambio menos del 7?%. Italia o Bélgica, dos países con graves problemas económicos y políticos, el doble, según datos de la OCDE. En el norte de Europa se llega al 13 % de la riqueza.
42.000 millones evadidos
Buena parte del desfase obedece al fraude fiscal, aún en cifras muy elevadas pese al aumento de las inspecciones. Pagar en metálico sin factura o fórmulas más sofisticadas (libertad de amortización, fusiones, escisiones...) permiten a las grandes empresas y fortunas -que evaden el triple que las pymes- evadir el pago de tributos. Es un montante que solo para el 2010 el sindicato de técnicos de Hacienda calcula en más de 42.000 millones de euros, casi 5 veces el presupuesto anual de la Xunta. Nada que ver con el resto de la UE, donde el fraude está, de entrada, castigado socialmente. Claro que en otros países las grandes fortunas han pedido pagar más. Aquí aún se les espera.
a estudio