«Lo necesitamos». Fue todo lo que dijo ayer Zapatero para justificar la reforma de la Constitución. Un planteamiento que tiene más que ver con lo sagrado que con la argumentación racional que, desde la Ilustración, se supone que debe guiar el gobierno de lo público. Convertir una trascendente decisión política en una cuestión de fe tiene el riesgo de que las réplicas las carguen más las creencias que el buen juicio.
Al hurtar el debate político y ningunear a las comunidades, Zapatero ha alimentado el acendrado victimismo de los nacionalistas vascos y catalanes, que han aprovechado la coyuntura para resucitar sus viejos mitos, a los que recurren cada vez que las aguas de la política española bajan revueltas y ven que pueden sacar tajada. El PNV vuelve al derecho de autodeterminación, que había escondido en el armario tras el varapalo al plan Ibarretxe, y CiU aprieta un poco más las tuercas de su pretendido pacto fiscal con el Estado, un subterfugio para reducir su aportación a la cohesión de España.
Con la metáfora del choque de trenes, Duran pretendía aludir a una supuesta colisión de legitimidades entre las comunidades y el Gobierno. Aunque la Constitución instituye un Estado complejo, con una distribución de poder entre distintos entes, lo cierto es que fija ámbitos de aplicación diferenciada de esas capacidades. Y la dirección de la política económica corresponde a la Administración central. Obviar esa evidencia y explotar el déficit democrático de la reforma en marcha para introducir otros debates es una actitud ventajista, y chantajista, que desacredita cuanto pueda haber de razonable en sus propuestas.