Cinco mil pasajeros se personan en la causa penal abierta y piden diez mil euros de indemnización para cada uno
04 mar 2011 . Actualizado a las 10:50 h.Veinte horas de caos, más de cuatro mil vuelos cancelados y unos 300.000 afectados. Ese es el balance del colapso provocado por los controladores aéreos los días 3 y 4 de diciembre, cuando abandonaron de forma masiva sus puestos de trabajo. Por este motivo, cinco mil afectados se personaron ayer en la causa penal abierta por la Fiscalía contra los controladores.
El letrado Luis Vericat, del despacho Cremados & Calvo y Sotelo, que representa a los afectados, explicó que están pidiendo una indemnización de diez mil euros por persona, así como una fianza de hasta 60 millones de euros para posibles compensaciones y, en caso de que los controladores no la depositen, solicitan el embargo de sus bienes. Apuntó que también piden que Aena declare como responsable civil subsidiaria en el supuesto de que los controladores sean condenados y no puedan afrontar el pago de las indemnizaciones, ya que es «la empresa pública responsable de asegurar el tránsito aéreo».
Nunca más
Vericat añadió que este es el primer paso de la agrupación de demandantes afectados por el cierre del espacio aéreo, y que en los próximos días se sumarán a la causa «otros miles de personas». Para el letrado, con la personación en el procedimiento, «se pretende que los que provocaron el daño asuman su responsabilidad y se resarzan los daños y perjuicios económicos y morales, y que nunca más vuelva a suceder nada parecido».
La presidenta de la agrupación, Elena Fuente, manifestó que aunque se alegra de que la negociación del convenio colectivo entre Aena y el sindicato de controladores (USCA) haya terminado con un acuerdo, no se puede decir -como señaló el ministro de Fomento, José Blanco- «que no ha habido vencedores ni vencidos, ya que nosotros fuimos rehenes de su conflicto particular». Además, explicó que los controladores, que desde el punto de vista penal son considerados como funcionarios públicos, podrían haber cometido un delito de abandono de sus funciones, previsto en el artículo 409 del Código Penal.