La iniciativa permite a las instituciones autonómicas la regulación, convocatoria y organización de referendos sobre «cuestiones de especial trascendencia política» en su territorio,
18 feb 2011 . Actualizado a las 06:00 h.El Tribunal Constitucional ha suspendido cautelarmente la ley de consultas que el Parlamento catalán aprobó en marzo del año pasado. La iniciativa ahora en suspenso permite a las instituciones autonómicas la regulación, convocatoria y organización de referendos sobre «cuestiones de especial trascendencia política» en su territorio, con el único trámite externo de lograr la autorización del Gobierno central.
La paralización provisional es la consecuencia directa de la admisión a trámite por parte del tribunal del recurso de inconstitucionalidad presentado en diciembre por el Gobierno contra 34 artículos del texto al considerar que la disposición catalana, aprobada con los votos del PSC, de ERC y de Iniciativa por Cataluña (ICV), es inconstitucional porque invade la competencia exclusiva del Estado para convocar referendos, máxime cuando el Estatuto autonómico solo autoriza las simples consultas populares sin valor legal, según aclaró la sentencia del propio Constitucional que en julio pasado revisó la legalidad del Estatuto.
CiU, el actual partido de Gobierno en Cataluña, no apoyó en su momento la norma porque la consideró demasiado blanda, y ayer manifestó que alertó que nada impedirá que en el futuro Cataluña pueda ejercer su derecho a decidir.
El Ejecutivo cree que la iniciativa hace sinónimos consulta popular y referendo. La ley suspendida indica que tiene legitimidad para convocar referendos la Generalitat, dos grupos parlamentarios o una quinta parte de los miembros del Parlamento autonómico, el 10% de los municipios de la comunidad -con un mínimo de 500.000 habitantes- o un 3% de la población censada y mayor de edad mediante una recogida de firmas.
El Gobierno central impugnó la norma al límite del plazo legal y de tapadillo. Rodríguez Zapatero no tomó la decisión sobre un asunto tan sensible hasta que pasaron las elecciones catalanas y Artur Mas fue investido presidente. Lo hizo sin meter ruido, en un momento que ya negociaba con los convergentes apoyos puntuales en Cataluña a cambio de su colaboración para aprobar en Madrid la mayor parte de las reformas económicas y estructurales que impulsa el Ejecutivo, incluida la de las pensiones.