Hospitalet aprueba una moción para denegar la reagrupación familiar por conductas incívicas

Movimiento contra la Intolerancia dice que el texto vulnera derechos de los inmigrantes


hospitalet/efe.

El Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat aprobó por mayoría una moción en la que plantea que los inmigrantes que hayan sido sancionados por comportamientos incívicos no puedan acceder al permiso de residencia por arraigo ni al reagrupamiento familiar. La iniciativa fue promovida por el PSC (con mayoría absoluta) y contó con el apoyo de PP y CiU y el rechazo de ICV-EUiA, socio de gobierno de los socialistas.

El texto detalla la necesidad de que los municipios participen «de forma activa» en la elaboración de informes de arraigo y reagrupación como Administración más cercana a los ciudadanos. En este sentido, plantea que el reglamento de la ley de extranjería incluya como preceptivo un informe del Ayuntamiento que recoja las infracciones de las ordenanzas de civismo para los trámites de arraigo y reagrupación familiar. El caso de que el solicitante haya tenido una sanción firme en los últimos doce meses debería constituir un motivo «suficiente» para emitir un informe negativo, propone el texto.

El portavoz socialista, Mario Sanz, aseguró que «es una minoría la que incurre en conductas incívicas, pero rehuir el tema sería un error». El PP anuncia que presentará una nueva propuesta para que los incívicos no puedan renovar su residencia. CiU acusa al PSC de hacer «electoralismo». E ICV-EUiA rechazó la iniciativa por «inoportuna, peligrosa y electoralista» y lamenta que el PSC asuma las tesis de «derecha y extrema derecha».

Tras conocerse la resolución de Hospitalet, a la que se sumó Salt y puede sumarse aún Badalona, Movimiento contra la Intolerancia, según su presidente, Esteban Ibarra, estudia denunciar ante la Fiscalía estas mociones «contrarias a derecho» porque están vulnerando el «principio de igualdad de trato». El arraigo y la reagrupación familiar, arguye, son derechos recogidos en la ley de extranjería que, en caso de ser denegados, anularían las garantías jurídicas de un inmigrante. Y todo ello, si el Gobierno respondiera positivamente a estas peticiones, «a partir de una simple queja de un vecino o de la interpretación de un policía municipal».

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