Al igual que otras instituciones gemelas del resto de España, en su ámbito de actuación la Fiscalía de Área de Santiago está investigando, a instancias de Madrid, la posible comisión de delitos graves por parte de controladores adscritos a Lavacolla entre el 3 y el 4 de diciembre, cuando más de 600.000 personas perdieron sus vuelos y cientos de empresas encajaron millonarias pérdidas por la paralización total del tráfico de aviación civil. Pero, a diferencia de las demás delegaciones de la acusación del Estado repartidas por el país, sus pesquisas no se reducen a lo ocurrido en la terminal compostelana exclusivamente en ambos días, sino que se extienden a lo sucedido durante los seis anteriores.
Porque allí, con el amparo del sindicato USCA, afiliados de esta organización venían provocando desde el 27 de noviembre cierres parciales del espacio aéreo y, por ende, forzando a las compañías a cancelar o bien desviar decenas de vuelos. Los controladores que tomaron parte del «boicot» (en terminología del Gobierno) a la actividad en el aeropuerto gallego lo hicieron aduciendo que no podían acudir a sus puestos dado que ya habían agotado su tope anual de horas ordinarias trabajadas (1.670), al contrario de lo que los datos oficiales determinan.
En paralelo a la iniciativa judicial, Aena ha abierto al menos a nueve de sus empleados de Santiago sendos expedientes laborales disciplinarios que derivarán en nada, en suspensiones de empleo y sueldo o bien en despidos.