Tres de los cuatro expertos consultados por La Voz no están de acuerdo con el empleo de las lenguas cooficiales en plenos y comisiones del Senado y el cuarto duda de que sea el momento oportuno para hacerlo por su coste.
«No se justifica en absoluto ni por razones de coste ni, sobre todo, de principio, es un auténtico despropósito porque tenemos una lengua común, una locura sin pies ni cabeza que solo se entiende porque el PSOE está secuestrado por los nacionalistas y es incapaz de resistir sus embates ideológicos», señala Blanco Valdés.
«Creo que su uso debería reservarse para la Comisión General de Autonomías, y no solo por razones económicas, sin duda dignas de tenerse en cuenta, sino por otras de índole jurídica y política; ya que en todo el territorio del Estado español y en sus instituciones hay una lengua oficial, que es la lengua común de todos los españoles», opina el lucense Joaquín Varela Suanzes-Carpegna. Ambos destacan que España no es ni Bélgica ni Suiza, dos países plurilingües que carecen de una lengua común.
Elevado coste
Tampoco lo ve justificado Rodríguez Bereijo. «La Constitución establece la lengua común del Estado, oficial en todo el territorio español, que todos tienen el deber de conocer y el derecho a usar», afirma. «Establecer una pluralidad lingüística en todo el Estado, como algunos pretenden, rompe el modelo de la Constitución y solo tiene sentido si se considera nuestro Estado constitucional como plurinacional, pero ese modelo confederal no está ni concebido ni plasmado en la Constitución», añade. «Visto desde el lado del coste, con la dramática situación de la economía española, sería un ejemplo canónico de despilfarro irresponsable del dinero de los contribuyentes».
Yolanda Gómez sí es partidaria de ampliar el uso de las lenguas cooficiales, ya que «el plurilingüismo está reconocido en la Constitución en su artículo 3» y, además, es una medida coherente con la naturaleza territorial del Senado. Aunque duda de que, en la actual coyuntura de grave crisis económica, fuera «la decisión política más urgente y adecuada cuando su implantación representa un elevado coste».