La crispación política ha llegado al extremo de reabrir el debate sobre algunos de los acuerdos básicos de la transición
02 may 2010 . Actualizado a las 02:00 h.¿Se están socavando los fundamentos mismos del sistema democrático? El cuestionamiento al mismo tiempo de los dos máximos órganos judiciales del Estado y de la transición que hizo posible el paso de la dictadura a la democracia han creado una situación grave que algunos consideran explosiva. Se habla incluso de fractura social, del regreso de las dos Españas y de guerracivilismo. El PP incluso ha llegado a acusar al Gobierno de poner en peligro la democracia por dar cobertura a las críticas al Poder Judicial.
Hasta tal punto están presentes estos asuntos que ayer, en el Primero de Mayo y a pesar de los 4,6 millones de parados, salieron a relucir. Los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT de Cataluña, Joan Carles Gallego y Josep María Álvarez, salieron en defensa del Estatuto catalán y descalificaron al Constitucional, que dijeron «no está legitimado». Por su parte, los líderes nacionales, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respaldaron a Baltasar Garzón y cargaron contra el olvido.
Esta semana, la presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, no dudó en señalar que España vive una «crisis institucional» y denunció la «desproporcionada e intolerable campaña de desprestigio emprendida por ciertos sectores políticos y mediáticos» contra el tribunal a cuenta del Estatuto catalán.
Los dos frentes
Por un lado, algunos sectores cuestionan la transición y la ley de amnistía de 1977 que la hizo posible, en respuesta al intento de procesar a Baltasar Garzón por tratar investigar los crímenes del franquismo. Esto ha hecho que hayan puesto en su punto de mira al Supremo, destinatario de duras críticas, la más expeditiva la del Jiménez Villarejo, que le llegó a llamar «instrumento del fascismo».
Por otra parte, el Parlamento catalán lanzaba el jueves un órdago al Constitucional para que no dicte sentencia sobre el Estatuto debido a su incapacidad para hacerlo casi cuatro años después de recurrido y a que cuatro de sus magistrados tienen el mandato caducado. Como telón de fondo está la cuestión crucial de si el Estatuto supone una ruptura o no del equilibro territorial desarrollado a partir de la Carta Magna de 1978.