El presidente catalán responde a María Emilia Casas que no confunda a la institución con sus integrantes
28 abr 2010 . Actualizado a las 09:52 h.Una día después de que la presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, denunciara la «intolerable campaña de desprestigio» que sufre el tribunal, que en su opinión ha sumido al país en una «crisis institucional», José Montilla y Artur Mas pactaban una resolución por la que el Parlamento catalán exigirá hoy su inmediata renovación y que se declare incompetente para juzgar el Estatuto. El presidente de la Generalitat y el líder de CiU ponían en pie un frente común catalán para evitar que el Tribunal Constitucional, en su composición actual, dicte una sentencia que recorte de forma significativo el texto.
Montilla fue más allá y respondió a Casas que «una cosa es la institución y otra los comportamientos y la situación de algunos de sus miembros», señaló. «Tengo la convicción moral, ética y política de que este tribunal puede tener la legalidad de su parte, pero esta mermado para ejercer sus funciones», añadió. Para terminar diciendo que «la crisis institucional la causan los que presentaron el recurso y bloquean la renovación», en referencia al PP.
El acuerdo Montilla-Mas supuso que ambas partes cedieran. Los socialistas aceptaban que la cámara pida al tribunal que se declare incompetente, como quería CiU, y esta formación accedía a que la reforma de la ley del Constitucional se articule a través del Senado, donde el PSC tiene mayor margen de maniobra, ya que no forma parte del Grupo Socialista sino de la Entesa, junto a ERC e ICV.
Pero el frente no será tan unitario, ya que ERC puso en jaque el acuerdo al anunciar que no firmará la propuesta en el registro de la cámara por «coherencia» con su rechazo al Estatuto. Esto provocó la indignación de Mas, que calificó de «alucinante» el desmarque y emplazó a Montilla a obligar a sus socios a suscribir la iniciativa para salvar la «debilitada» unidad catalana. CiU estudiaba dar marcha atrás y no firmar tampoco la propuesta, aunque al cierre de esta edición aún se negociaba.
La propuesta consta de cuatro puntos. El primero reafirma la «plena constitucional» del Estatuto, que tiene «la máxima legitimación posible» por haber sido refrendado por la ciudadanía, e insta a todas las instituciones del Estado a «respetarlo, cumplirlo, hacerlo cumplir y desarrollarlo en aquello que le corresponda». El segundo exige al Congreso y el Senado la renovación «urgente e inexcusable» del tribunal. En tercer lugar, el Parlamento constata que después de cinco intentos fallidos el tribunal «no está en condiciones de ejercer las tareas que constitucionalmente tiene asignadas», por lo que «promoverá todas las acciones a su alcance para conseguir que se declare incompetente».