Un fallo que anulara preceptos prácticamente copiados o con similar significado incluidos en otros estatutos también tendría graves efectos políticos. Dejaría en evidencia a Zapatero, que apostó firmemente por el Estatuto catalán y los llamados de última generación. Pero, sobre todo, en este caso concreto, pondría en la picota al PP por recurrir solo los artículos del catalán. El propio Esteban González Pons tuvo que reconocer que la inconstitucionalidad se podría extrapolar a otros del andaluz, el balear, el aragonés o el valenciano.
De hecho, según un informe de la Generalitat, estos textos contienen 95 artículos (60 de ellos en el andaluz) que el PP recurrió en el catalán. El argumento defensivo de los populares es que solo impugnó este porque fue el único que no se consensuó. «Fue un error de bulto del PP que no es de recibo», se lamenta García Roca, porque «la legitimación de una acción de inconstitucionalidad no es privada sino que se hace en defensa del interés general». «Es incongruente, oportunista, poco serio y revela una clara motivación política», afirma Bilbao, quien considera que el doble rasero del PP demuestra que no actuó en defensa de la Constitución sino por interés partidista. «La constitucionalidad de una disposición estatutaria no puede depender de que se haya aprobado o no por consenso», apunta.