El largo retraso de la sentencia sitúa a los magistrados del Tribunal Constitucional en una posición cada vez más comprometida. El hecho de que el Estatuto lleve ya tres años aplicándose en Cataluña juega en su contra, ya que un posible recorte generará mucha más frustración que si se hubiera hecho poco después de su entrada en vigor. Conscientes de la presión para que dicten sentencia de inmediato, algunos magistrados impulsan una alianza capaz de superar la división monolítica entre conservadores y progresistas que lleva a un callejón sin salida.
La solución pasaría por dejar al margen del acuerdo a los jueces situados en los extremos de cada sector, de manera que los de posiciones más centradas articularan una mayoría basándose en cesiones mutuas. Si esa complicada salida tuviera éxito, se quedarían fuera del consenso los conservadores Jorge Rodríguez Zapata y Javier Delgado, ambos propuestos por el PP, y los progresistas Eugenio Gay, propuesto por el PSOE, y Pascual Sala, presentado por el CGPJ.
Esta fórmula supondría probablemente recortes en aspectos identitarios, como las referencias a Cataluña como una «nación», o a los «derechos históricos» y los «símbolos nacionales», pero salvaría las claves estructurales del nuevo Estatuto en lo que afecta a la financiación de Cataluña, el aumento del autogobierno y la asunción de nuevas competencias. Un resultado así sería asumido por el PSOE e incluso por el PSC, aunque tendría problemas en el tripartito, especialmente con ERC. El PP estaría obligado a respaldarlo y más con las elecciones catalanas y las generales a la vista. Una sentencia de consenso y asumible por los dos grandes partidos permitiría desbloquear sin problemas la renovación del Tribunal Constitucional, muy dañado en su imagen.