Tras más de 18 meses de debates, el tribunal sigue siendo incapaz de consensuar una sentencia sobre el Estatuto que delimitará el Estado de las autonomías
15 nov 2009 . Actualizado a las 02:00 h.Más de tres años después de que el pueblo catalán refrendara el nuevo Estatuto de autonomía, la norma que regula el autogobierno de la comunidad y sus relaciones con el resto del Estado sigue en situación de aplicación provisional, a la espera de una sentencia del Tribunal Constitucional. Una resolución que este órgano es incapaz de sacar adelante, lo que ha paralizado el tribunal, sí, pero sobre todo ha puesto en evidencia todas sus limitaciones. Y, de paso, la incapacidad de los partidos, especialmente los mayoritarios, para superar su cortedad de miras, para ir más allá de tacticismos y asentar, de común acuerdo, las columnas maestras de la estructura del Estado.
Los diez magistrados del Constitucional que analizan el Estatuto (de los otros dos, uno falleció y no ha sido sustituido, Roberto García Calvo, y el otro, Pablo Pérez Tremps, fue recusado por el PP) solo han sido capaces de ponerse de acuerdo en que hay aspectos del texto que no se ajustan a la Constitución. Pero hoy, más de 18 meses después de iniciados los debates, aún no han conseguido no ya una postura común, sino siquiera una exigua mayoría para decidir que artículos son los que no se ajustan a la Carta Magna y si son directamente anulables o si, por el contrario, pueden mantenerse según una determinada interpretación, que correspondería fijar al propio tribunal, lo que aún complica más el fallo.
Cuatro ponencias
La magistrada encargada de elaborar el proyecto de resolución ha presentado ya cuatro ponencias distintas. Pero las posiciones en tribunal no se han movido un ápice desde el inicio de las discusiones. Se mantienen tres bloques claramente diferenciados: el de los magistrados progresistas, nombrados a propuesta del PSOE y encabezados por la presidenta, Emilia Casas, que pretende salvar el Estatuto aunque forzando una determinada interpretación de los aspectos de dudosa legalidad; el de los conservadores, elegidos a propuesta del PP, que consideran inconstitucionales y anulables los aspectos más controvertidos de la norma; y un tercer bloque, constituido por Manuel Aragón y Guillermo Jiménez. El primero, de orientación progresista, rechaza la inclusión del término «nación» en el preámbulo para definir a Cataluña y el resto del denominado paquete identitario. En esto coincide con los conservadores, pero en el resto se posiciona con el bloque contrario. Jiménez, de tendencia moderada, busca soluciones de consenso, por ahora imposibles.
De la resolución depende, en lo inmediato, la estabilidad política. Un fallo adverso generará una fuerte reacción de rechazo en Cataluña, que podría desembocar incluso en un tsunami que se llevará por delante al propio Gobierno de Zapatero. A largo plazo, la sentencia marcará los límites de los estatutos de segunda generación, de los que el catalán es el paradigma, y con ello las reglas del desarrollo del Estado de las autonomías. Una tarea derivada al Constitucional por la incapacidad de los partidos para definir un terreno de juego común entre dos tendencias opuestas: una centrípeta, que aspira a reforzar el poder de la Administración central y a homogeneizar las autonomías, en una suerte de descentralización avanzada; y otra centrífuga, de mayor calado político, que pretende aproximar las legitimidades del Estado y de las comunidades, que, además, tendrían desarrollos competenciales diferentes.
Cuestión de legitimidad
Los magistrados son conscientes del impacto de su decisión. Y saben que su propia legitimidad será cuestionada, ya que cuatro de ellos, incluida la presidenta, agotaron su mandato hace casi dos años, y no han sido relevados en este tiempo porque a ninguno de los dos partidos mayoritarios les interesa alterar la composición de la sala. El PP, porque la elección de los cuatro magistrados que corresponde designar al Senado más la sustitución del fallecido García Calvo alteraría la composición del tribunal a favor de los progresistas. Y el PSOE porque cuenta, en última instancia, con el voto de calidad de la presidenta, que decidiría en caso de empate.
Pero ocurre que es una eventualidad no contemplada por Emilia Casas, obsesionada por conseguir una sentencia que obtenga el respaldo de al menos siete magistrados, o de seis en el peor de los casos. Dado el monolitismo de los bloques mayoritarios, todo está en manos de Manuel Aragón y Guillermo Jiménez. Pero como no se sabe con certeza cuál sería su voto, nadie se aventura a plantear una votación formal. El peligro es que, de mantenerse el bloqueo, podría ser necesario reiniciar todo el proceso con una nueva ponencia. Lo que retrasaría sine die la resolución del doble problema: el del Estatuto y el del propio Tribunal Constitucional.