Granada es la primera ciudad andaluza que ha puesto en marcha una denominada ordenanza de la convivencia en la que se regula el uso y disfrute de los espacios públicos y mediante la cual podrá poner multas de hasta 3.000 euros a las personas que ejerzan la prostitución callejera y a sus clientes. Con dicha norma, la corporación municipal granadina tratará de poner freno a la prostitución en la carretera de Jaén, donde se concentra casi toda la actividad, pero en esa cruzada se lleva por delante, por ejemplo, a los artistas callejeros, mendigos y grafiteros. Además, regula la tenencia de animales domésticos y salvajes y prohíbe algunas conductas que hasta ahora eran habituales.
El documento considera una infracción muy grave el «ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación de servicios sexuales» a menos de 200 metros de las zonas residenciales, centros educativos, comerciales y empresariales. Si esta práctica se hace fuera de este perímetro, las sanciones serán leves y oscilarán entre uno y 750 euros, tanto para clientes como para prostitutas, aunque en el caso de estas el dinero se destinará a programas sociales, según la ordenanza. Esta norma, que fue aprobada por el pleno municipal del 25 de septiembre, contó con el respaldo del PP (que gobierna) y el PSOE y con el rechazo de Izquierda Unida. IU argumenta que esta ordenanza «trata de ocultar y perseguir a la población más vulnerable».