El caso Pretoria es el último de una larga serie de escándalos de corrupción que conmocionan a la sociedad española. El más importante es el Gürtel, en el que están implicados un senador y un diputado nacionales, tres parlamentarios autonómicos y cuatro ex alcaldes madrileños, además de salpicar al presidente Camps. La avalancha y la magnitud de los escándalos ha llevado a la BBC a titular un reportaje La corrupción, palabra de moda en España. El bum inmobiliario, la falta de controles frente a la discrecionalidad de los políticos y la levedad de las sanciones aparecen como las principales causas de esta lacra difícil de combatir.
La operación Malaya, en Marbella, hace más de tres años, hizo «imposible ocultar lo evidente», afirma Jorge Agudo, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Autónoma de Madrid y coautor del demoledor informe Urbanismo y democracia. Alternativas para evitar la corrupción. Desde entonces han sido detenidos 18 alcaldes -siete de ellos del PP y cinco del PSOE-, todos en libertad en espera de juicio, salvo el de Andraitx, que ya fue condenado y ha recurrido. El mapa de la corrupción muestra que esta se extiende a todos los partidos con poder y a todas las comunidades. Aunque solo afecta judicialmente al 3% de los 8.112 municipios -con toda seguridad la punta del iceberg-, su relevancia, sobre todo en tiempos de crisis, provoca alarma social.
Permisividad
El aumento de la corrupción urbanística ha hecho descender a España seis puestos, del 22 al 28, en los últimos cinco años en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. Está por debajo de los países nórdicos, el Reino Unido, Alemania y Francia, pero también de Eslovenia y Estonia, aunque supera a Italia y Portugal. El catedrático de Ciencia Política Manuel Villoria, miembro de la sección española de esta oenegé, destaca que la cultura española y de los países del sur de Europa es en general «más permisiva y más cínica/descreída» en comparación con las naciones nórdicas, donde la corrupción es baja por su «mejor educación cívica, más transparencia y mayor rendición de cuentas».
Víctor Lapuente, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Oxford e investigador del Quality of Government Institute de la Universidad de Gotemburgo, atribuye el alto nivel de corrupción en España a la excesiva «politización de las instituciones públicas», sobre todo las locales, donde el alcalde tiene un poder casi omnímodo, sin contrapeso administrativo. «Las Administraciones más proclives a la corrupción son aquellas con un mayor número de empleados públicos que deben su cargo a un nombramiento político», destaca. «En Suecia sería impensable que toda la cadena de decisión para llevar a cabo una obra pública quedara en manos de unos individuos unidos por un mismo interés partidista», afirma. «La separación entre la política y la Administración es clave», dice.
¿Por qué afloran ahora tantos casos? Como señala Fernando Jiménez, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Murcia, «se está investigando mejor y con más medios». De hecho, las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción se duplicaron el año pasado. Este acreditado experto considera claves la creación de los delegados provinciales de la Fiscalía Anticorrupción, de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo y de la Unidad de delitos urbanísticos de la Guardia Civil. Pero añade que aún queda mucho por hacer, como dotar de más medios a los fiscales, pero sobre todo replantear el diseño de las Administraciones públicas para «reducir su politización y la facilidad con que en estos años se han desactivado los controles». Agudo dice que «a todos los gobiernos les ha venido bien mantener un sector inmobiliario fuerte como motor de la economía, dejando de lado los problemas de insostenibilidad generados y las irregularidades permitidas por las comunidades autónomas».
Lapuente descarta la explicación cultural que vincula la corrupción a la picaresca, el carácter latino o al catolicismo. En ese sentido, resalta que en Suecia existe la figura protegida del wistleblower, que permite a los empleados públicos, cuyas carreras no dependen de los políticos, convertirse en delatores y denunciar las prácticas sospechosas de sus superiores, que tienen prohibido incluso investigar quién ha filtrado la información.