El PP presentó ayer una queja formal ante los órganos rectores del Congreso porque considera inaudito que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se negara a contestar en la sesión de control al Ejecutivo una pregunta de la portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, sobre el caso del chivatazo a ETA en el bar Faisán. El Gobierno comunicó a Sáenz de Santamaría que quien responde a las preguntas parlamentarias sobre este tema es el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, por lo que tenía dos opciones: o interrogar al ministro en el próximo pleno, ya que ahora está de viaje oficial en Washington, o realizar otra pregunta hoy a la vicepresidenta primera. Sáenz de Santamaría se negó a variar el interrogatorio y, por tanto, hoy no podrá preguntar, y el ministro no podrá responderle hasta el próximo pleno. La ley otorga al Ejecutivo la competencia de decidir qué miembro del Gabinete contesta a las preguntas. La portavoz del PP aseguró que se trata de una decisión «arbitraria, indiscriminada e injusta, que cercena los derechos de la oposición», y una «vulneración flagrante» de sus derechos como parlamentaria.