El presidente de la Xunta dice que siendo conselleiro no sabía que el número dos de la trama estaba en Portos

La Voz

ESPAÑA

08 oct 2009 . Actualizado a las 02:00 h.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, aseguró ayer en Bruselas que ni conocía al ex secretario de Organización del PPdeG, ni sabía que formaba parte del Consejo de Administración de Portos de Galicia cuando él ocupó la Consellería de Política Territorial, de la que dependía ese organismo. «Non sabía que andaba por alí, nin por suposto sabía que tiña sido nomeado», dijo Feijoo, que añadió que «tiña constancia» de que, bajo su mandato, Crespo ni siquiera acudía a las reuniones del Consejo.

Feijoo remató ayer una visita de tres días a la capital belga, y su versión se fundamenta en el hecho de que Crespo fue nombrado consejero cuando el responsable de la consellería era Xosé Cuíña cuando el presidente de Portos de Galicia era Emilio Garcia Gallego, que luego pasaría a ocupar la Presidencia del ente Gestor de Infraestructuras Ferroviarias, que dependía del Ministerio de Fomento de Rafael Arias Salgado.

«Enredar»

«Implicar ao PPdeG en ese asunto é enredar», sostuvo Feijoo, que se mostró contrario a «actualizar» unos hechos sucedidos hace diez años, aunque partidario «de que a Xustiza investigue a fondo e nos dé explicacións». El portavoz del PPdeG, Antonio Rodríguez Miranda, indicó que en el partido «hai unha absoluta tranquilidade ao respecto». Defendió que los «datos coñecidos» dejan «perfectamente claro que a decisión que no seu día tomou quen daquela era secretario xeral [Xesús Palmou] de apartar a esta persoa [Pablo Crespo] de posibles responsabilidades ou intervención no PPdeG foi unha decisión acertada».

Miranda insistió en desviar la atención hacia datos que arrojan sombras sobre la financiación de PSOE y BNG. «En Galicia, si hai outros partidos que teñen que preocuparse por cuestións de financiamento ilegal», replicó. El número tres del PPdeG apeló a la madurez de la opinión pública, y recordó que el Consello de Contas manifestó la «absoluta pulcritude» de las cuentas de los últimos procesos electorales.