El etarra Ignacio de Juana Chaos perdió ayer la primera batalla contra la Justicia española. El juez norirlandés Tom Burgess dictaminó que el delito de enaltecimiento del terrorismo que la Justicia española imputa al etarra puede ser motivo para su extradición, al existir un delito equivalente en la legislación británica. Sin embargo, el avión que extradite a De Juana hasta Madrid tendrá que esperar, ya que el proceso judicial puede prolongarse meses, porque el fallo de Burgess será derivado al Tribunal de Apelaciones de Belfast, en primera instancia, y posteriormente a la Cámara de los Lores, en Londres, máximo órgano judicial de la Justicia británica. Aun así, incluso la decisión de los lores puede ser apelada, como se comprobó con el caso de extradición de Augusto Pinochet. De Juana Chaos llegó al tribunal de Lagansidem, en Belfast, ciudad en la que reside desde el verano, en torno a las 9 de la mañana de ayer (una hora más en España) acompañado de su esposa, Irati Aranzabal. El juez, muy salomónico, otorgó y restó razones a unos y otros. Por un lado, rechazó el argumento presentado por Edward Fitzgerald, abogado defensor del detenido, de que el delito de De Juana Chaos no tiene un equivalente en la ley británica, indicando por el contrario que sí lo tiene. «Las palabras que dijo De Juana, si hubieran sido pronunciadas en el Reino Unido, darían lugar a un delito bajo la Ley Antiterrorista del 2006», señaló el juez en su resolución. Pero por otro, el magistrado decidió mantener la situación de libertad condicional a De Juana, en contra de la petición de la Fiscalía. Fitzgerald alegó para defender la libertad condicional de su cliente que «no tiene ningún interés en huir porque aquí tiene la protección de la ley y vive con su mujer». La conclusión que han extraído los juristas de esta decisión es que el juez Burgess ha querido mantenerse demasiado cauto en sus exposiciones, que no le toca a él valorar si el ex preso etarra cometió o no el delito que se le imputa y tampoco si la acusación de la Justicia española es suficientemente consistente. La decisión del juez Burgess, sin embargo, significa una victoria, aunque con matices, de la Justicia española. La defensa de De Juana anunció a su salida de los tribunales que se opondrá a la extradición de De Juana con dos nuevos argumentos legales. Por un lado, el derecho a la expresión de opiniones políticas, y, por otro, el respeto a sus derechos humanos, lo que abre la puerta a una futura intervención de los tribunales europeos. La defensa había solicitado ocho semanas para presentar sus argumentos, pero el juez Burgess ha denegado esta petición al fijar un plazo de tan solo tres semanas, hasta el 31 de marzo. La nueva vista de la apelación se celebrará el próximo 14 o 15 de mayo.