Los jueces califican de éxito su huelga

Nacho de la Fuente Mateo Balín

ESPAÑA

El Poder Judicial va a estudiar «caso por caso» si los huelguistas incurrieron en algún tipo de falta

19 feb 2009 . Actualizado a las 12:10 h.

El baile de cifras protagonizó la primera huelga de jueces de la democracia, que ayer paralizó buena parte de los juzgados de España. Mientras las asociaciones convocantes hablaron de un seguimiento de casi dos tercios, el Consejo General del Poder Judicial especificó en un comunicado que solo uno de cada tres jueces secundaron el paro.

Las asociaciones convocantes, Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial (FJI), estimaron que más de 2.100 jueces realizaron el paro en demanda de mejoras estructurales en la Administración de Justicia, lo que supone una participación de un 62,2%, un dato que consideran «todo un éxito». El cálculo de esta elevada cifra surgió al excluir del porcentaje total a los jueces que ayer prestaron servicios mínimos, a los magistrados sustitutos, a los que disfrutan de excedencias y a los que se actualmente se encuentran de baja por enfermedad.

En el otro lado de la balanza están los datos oficiales, que intentaron rebajar la euforia en parte de la judicatura. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) utilizó otros cálculos e incluyó a todos los jueces sin tener en cuenta a los que se hallan de baja, en sustitución o no están al frente de ningún juzgado en este momento. Según este cálculo, el CGPJ reduce el seguimiento de la huelga al 35,47%.

Los jueces convocaron este paro como medida de presión para que el Ministerio de Justicia y las Administraciones autonómicas con competencias acepten de una vez por todas sus demandas. Entre ellas figura la instauración de la nueva oficina judicial, sobre la que existe una ley desde el 2003 que no se ha desarrollado; la implantación en los juzgados de las nuevas tecnologías; el establecimiento de una carga máxima de trabajo razonable que pueda asumir cada juez; la adopción de medidas necesarias para la conciliación de la vida laboral y familiar de los magistrados, y la actualización de la ley de retribuciones que el Gobierno pactó con los jueces en el 2003, y que tampoco se ha cumplido.

La huelga superó ayer las expectativas a la baja que preveían tanto el Gobierno como el CGPJ. El comité de huelga, reunido en la sede de los juzgados ordinarios de Madrid, el edificio de la plaza de Castilla, calificó la convocatoria de «éxito rotundo». Ya no solo por el porcentaje de participación, que también, sino porque tuvo una gran repercusión tanto en los lugares donde se germinó como en los juzgados donde se había apoyado.

El ministro no acertó

La realidad hizo que las estimaciones del ministro Mariano Fernández Bermejo, que ayer reiteró en el Congreso que solo «una minoría» iba a secundarla, se fueran al traste en cuestión de horas. En un escueto comunicado, el Consejo del Poder Judicial, que había concluido que la huelga no tenía «cobertura legal», no entró a valorar en profundidad las consecuencia del primer paro de la judicatura, lo que, a juicio de los convocantes, supone un «reconocimiento implícito» al éxito de la convocatoria.

El CGPJ, eso sí, destacó el «alto grado» de responsabilidad de los que, en su mayoría, decidieron atender a los ciudadanos, y sobre las movilizaciones señaló que ponen de manifiesto que existe una «amplia voluntad» de cambio. Por ello, concluye, llamó a todos los agentes a trabajar en pro de la modernización de la Justicia.

En una larga jornada laboral, con sesión de control en el Congreso y reunión con su homólogo portugués, el ministro Fernández Bermejo tuvo tiempo para responder a los huelguistas. Sobre las movilizaciones afirmó que a los huelguistas los mueven «mejoras retributivas» y tachó de «disparates muy buenos» reivindicaciones de la carrera como doblar el número de jueces sin modificar el sistema de oposiciones. Pidió a las asociaciones disidentes volver a la senda de la negociación, pese a la «división» que cunde ahora en la carrera, y señaló que «30 años de retrasos no se subsanan en unos meses».

Informes

Fernández Bermejo requirió responsabilidad al Poder Judicial para conocer el alcance real del paro y las consecuencias que pudieran acarrear entre quienes la hayan apoyado. En este punto, el órgano de gobierno de la carrera tiene previsto estudiar «caso por caso» por si los huelguistas incurrieron en algún tipo de falta. Para ello, pedirán a los tribunales superiores de justicia informes sobre cómo afectó la huelga a la actividad de los juzgados.

El régimen disciplinario contempla sanciones graves para aquellos jueces y magistrados que no hayan asistido a actos procesales con audiencia pública que estuvieran señalados, algo que ocurrió en destinos como Valladolid o Cantabria. Asimismo, a los huelguistas se les descontará el sueldo del día si no justifican la ausencia a su puesto de trabajo.

En todo caso, el Poder Judicial se va encontrar con dificultades para conocer el perjuicio ocasionado por los huelguistas si estos no se identifican como tales, ya que en muchos órganos judiciales sus titulares no asisten a diario a sus despachos si no tienen vistas o juicios previstos, por lo que pueden redactar y deliberar sentencias desde su casa.