La juez decreta libertad provisiones con fianza para tres de los detenidos, entre ellos el presidente de la promotora Prasa, máximo accionista del Córdoba CF.
18 jun 2008 . Actualizado a las 15:00 h.La Policía ha salido hoy del Ayuntamiento de la localidad malagueña de Estepona con su alcalde, Antonio Barrientos (PSOE), que permanece detenido por la operación Astapa contra la corrupción urbanística y que ha estado presente en el registro de la sede municipal por los agentes más de catorce horas.
Barrientos, que fue conducido pasadas las 15.00 horas de ayer al Ayuntamiento tras el registro policial de su vivienda, ha sido sacado por los agentes fuera del Ayuntamiento sobre las 5.30 horas de hoy, según ha podido comprobar Efe. La Policía ha recogido de las dependencias, donde se encuentra la Alcaldía, más de una decena de cajas con documentación. Previamente, los agentes han salido del consistorio con el jefe del Gabinete de la Alcaldía, José Flores, también arrestado en esta operación y que permanecía en el registro de estas oficinas desde las 16.40 horas de ayer.
Además, la juez de la operación ha decretado libertad provisional con fianza para el presidente de la promotora Prasa y máximo accionista del Córdoba CF, José Romero, y para Ana María Crespo, hermana del edil del PES José Ignacio Crespo. Tras las primeras declaraciones judiciales de detenidos en esta operación, que han concluido esta madrugada, la titular del juzgado de instrucción número 1 de Estepona, Isabel Conejo, ha dictado fianzas de 500.000 euros para Romero y de 30.000 para Ana María Crespo, que están en libertad y disponen de un plazo de tres días para pagarlas, según han informado a Efe fuentes judiciales. Esta es hermana del portavoz del grupo municipal del Partido Estepona (PES), José Ignacio Crespo, ex primer teniente de alcalde de la anterior corporación en un pacto con el PSOE y ex integrante del grupo GIL, que fundó el fallecido alcalde de Marbella Jesús Gil.
También se ha decretado libertad provisional con fianza de 30.000 euros para J.L.C.A, aún pendiente de abono, y esta persona, al igual que José Romero y Ana María Crespo, tienen prohibido además salir de España y la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado.
La instructora del caso ha dictado libertad provisional sin fianza pero con cargos para el jefe del Servicio Jurídico del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Estepona, Andrés Flores, y para M.C.H..
La juez imputa a estos cinco encausados los presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales y además a Romero otros delitos contra la administración pública.
Un total de 25 personas, incluido el alcalde de Estepona, Antonio Barrientos (PSOE), fueron arrestadas ayer en el marco de esta operación, que sigue abierta, se denomina «Astapa» y en la que se ha detenido a cuatro ediles del actual equipo de gobierno, varios más de anteriores corporaciones, empresarios, abogados y funcionarios municipales.
Se investiga un supuesto caso de corrupción vinculado con financiación irregular en el consistorio.
Entre los detenidos están el concejal de Economía y Hacienda, portavoz municipal del PSOE y ex senador, Francisco Zamorano; la edil socialista de Playas, Marisa Rodríguez; el jefe de Gabinete de la Alcaldía, José Flores; integrantes del grupo PES; el ingeniero de Urbanismo Javier Wittmeur y el arquitecto municipal Arturo Cebrián.
A este último unas escuchas telefónicas ya lo vincularon el pasado febrero con un caso de blanqueo de capitales.
También está arrestado el empresario que gestionó la campaña publicitaria del PSOE en las últimas elecciones municipales en la localidad malagueña de Estepona, Enrique González Ceano.
Las detenciones, que además de en Estepona se efectuaron en Madrid, Córdoba, Bilbao y San Sebastián, fueron seguidas por 38 registros domiciliarios y societarios y numerosas órdenes de prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles y de bloqueo de cuentas corrientes y activos financieros.
La actuación policial, que sigue abierta, suma por el momento 25 detenidos entre los que hay concejales, ex concejales, empresarios, funcionarios municipales y abogados.
Entre los políticos arrestados se encuentran miembros del PSOE y del grupo local PES, formado por antiguos integrantes del Grupo Independiente Liberal (GIL) que fundara el fallecido ex alcalde de Marbella Jesús Gil. Se investiga un supuesto caso de corrupción vinculado con financiación irregular en el consistorio, según fuentes policiales, y se imputan a los arrestados, en principio, los delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y blanqueo de capitales.