El PP anuncia que presentará su propio recurso de inconstitucionalidad
30 may 2008 . Actualizado a las 02:00 h.El artículo 149 de la Constitución dice taxativamente que corresponde en exclusiva a la Administración central del Estado la «autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum». Visto lo cual, Juan José Ibarretxe pretende burlar la ley presentando su consulta como algo distinto a un referendo. Y para tratar de asentar la diferencia, el proyecto de ley aprobado el miércoles por el Gobierno vasco y que el lendakari entregó ayer a la presidenta del Parlamento vasco resalta, en su artículo único, el «carácter no vinculante» del resultado de la consulta que se celebrará, si el proyecto es aprobado por la Cámara, el 25 de octubre.
Con esta estratagema, Ibarretxe pretende que su consulta no es un referendo y, por lo tanto, no es necesaria la autorización del Estado. Y retorciendo aún más la ley, establece que la legislación aplicable a la consulta es la que regula las elecciones, lo que incluye la participación de organismos administrativos centrales, el reparto de subvenciones a los grupos con representación parlamentaria, una campaña electoral de quince días y un día de reflexión la víspera de la consulta.
El problema para el lendakari es que todos los expertos coinciden en que, pese a la redacción del texto constitucional, en realidad no hay diferencia jurídica entre referendo y consulta popular, salvo lo previsto para ciertos casos de consultas municipales. En todo caso, la propia Constitución establece que los referendos carecerán de carácter vinculante.
La generalizada opinión de que la norma es inconstitucional es el camino que empleará el Gobierno para impedir la consulta. Un camino que también transitará el PP, cuyo presidente, Mariano Rajoy, anunció ayer su intención de recurrir al Constitucional, ya que la propuesta de Ibarretxe «es lisa y llanamente la liquidación de la soberanía nacional y la liquidación de la Constitución española». Además, agregó Rajoy, el lendakari «pretende que el resto de los españoles no puedan decidir sobre un asunto que concierne a una parte de su país».
Choque entre demócratas
El líder del PP recordó que «ese proyecto solamente puede salir adelante si ETA, a través de sus representantes políticos en el Parlamento vasco, da su conformidad». El secretario general del PSOE, José Blanco, incidió también en las críticas a Ibarretxe, quien, además de provocar un «choque de trenes entre demócratas», «ha dado por inaugurada su campaña electoral particular», en la que recurrirá al victimismo ante Madrid para pescar votos entre el electorado radical.
Pero Ibarretxe tiene un problema de soledad política. Es clamoroso el silencio de su propio partido, el PNV. Ninguno de sus dirigentes ha salido en apoyo del lendakari, pese al chaparrón de críticas que le han caído encima. Y es que en el sector que lidera Íñigo Urkullu escuece que Ibarretxe rompiera el pacto para incluir en su primera pregunta una condena explícita a ETA. De hecho, en las ocho páginas que ocupa el proyecto de ley, que no podrá ser enmendado al ser de lectura única, no se menciona a la banda más que para pedirle que muestre su voluntad de abandonar la violencia.
Así que Ibarretxe solo dispone del apoyo de sus socios de Gabinete, Eusko Alkartasuna y Ezker Batua, que, conscientes del escaso futuro de la propuesta, pidieron ayer a Zapatero que renuncie al recurso de inconstitucionalidad. Y alguien tan próximo como Artur Mas, líder de CiU, declaró que Cataluña renuncia a imitar un camino de «resultados inciertos».