Los Ejecutivos valenciano y murciano exigen para sus comunidades el mismo trato que a Cataluña
17 abr 2008 . Actualizado a las 02:00 h.La prolongación del trasvase del Ebro hasta Barcelona ha hecho que las comunidades valenciana y aragonesa desenterraran ayer el hacha de guerra. La primera anunció su intención de emprender acciones legales para conseguir que una medida como la acordada entre los Gobiernos central y catalán se haga extensible a Valencia y Murcia, comunidades ambas gobernadas por el PP. Pero no es una cuestión de partidos. Porque el Ejecutivo de Aragón, integrado por socialistas, celebró ayer una reunión extraordinaria en la que acordó solicitar un informe legal que determine si la transferencia de agua de Tarragona a Barcelona es técnicamente un trasvase o no.
El presidente aragonés, el socialista Marcelino Iglesias, llegó a decir que comprende la reacción de sus colegas valenciano y murciano, que mantienen contactos para preparar una respuesta conjunta, que incluye la movilización ciudadana para reclamar una igualdad de trato que consideran vulnerada con el acuerdo de Barcelona. El fundamento de la oposición de Aragón es que en su Estatuto se incluye un artículo que obliga a la Administración autonómica a velar por la integridad del caudal del Ebro.
Mientras en Cataluña los socios del tripartito frustraban una moción de la oposición para reprobar al consejero de Medio Ambiente, el acuerdo era defendido por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien se reunió durante cerca de una hora con el presidente catalán, José Montilla, en el Congreso. En línea con lo manifestado la víspera por la ministra Elena Espinosa, Zapatero destacó que se trata de una medida excepcional destinada a solucionar una situación de emergencia generada por la mayor sequía de los últimos 60 años en Cataluña, y que no supondrá obtener más agua del caudal del Ebro.
Estos argumentos sirvieron de poco. El portavoz del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, señaló que más allá de cuestiones puramente semánticas, lo cierto es que «es agua de la cuenca hidrográfica del Ebro que va a las cuencas internas de Cataluña», lo que requiere «una ley» que apruebe «este trasvase». Por ello, su Gobierno está a la espera de conocer el decreto ley que apruebe el próximo viernes el Consejo de Ministros para decidir las acciones legales a emprender. Al margen de otras iniciativas sociales, como la movilización popular, que ayer alentaron los alcaldes de Valencia, Murcia y Almería, y que hoy serán analizadas en una reunión por los presidentes valenciano, Francisco Camps, y murciano, Ramón Luis Valcárcel.
Este último acusó ayer a Rodríguez Zapatero de volver a mentir a los españoles al oponerse a los trasvases y aprobar ahora la prolongación del de Tarragona. Destacó que no solo Barcelona necesita agua, y manifestó que lo único que piden las comunidades levantinas es que se les dé el agua que se pierde en el mar, porque «siguen tirándose al mar 14.000 hectómetros cúbicos cada año», y su reclamación es que, como preveía el Plan Hidrológico Nacional, «mil vengan a Cataluña, a Valencia, a Murcia y a Almería». Criticó además el «desconocimiento» sobre el aprovechamiento real del agua en estos territorios y que se trate a «murcianos, valencianos y almerienses como auténticos piratas del agua».