Espinosa asegura que la solución acordada abastecerá a la Ciudad Condal sin obtener «ni una gota más» del río
16 abr 2008 . Actualizado a las 02:00 h.Tras varias semanas de tensión y después de que el Gobierno obligara a la Generalitat a renunciar al trasvase del Segre para abastecer a Barcelona, los Gobiernos central y catalán sellaron ayer un acuerdo que supone la interconexión de la red que abastece a la Ciudad Condal con el trasvase del Ebro que lleva el agua hasta Tarragona. En una reunión de más de dos horas, la nueva ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, y el presidente catalán, José Montilla, sellaron un pacto que supone la compra a los regantes de Tarragona de 50 hectómetros de agua que serán trasvasados a Barcelona a través de una canalización de nueva construcción.
La llegada de Espinosa a Medio Ambiente ha facilitado el acuerdo sobre una solución que ya había planteado Jordi Pujol en los años ochenta y que entonces fue rechazada por los socialistas. Ahora huyen como de la peste de la palabra trasvase y, como manifestaron ayer tanto Espinosa como Montilla, se solucionará el problema de abastecimiento de Barcelona sin obtener «ni una gota más» del Ebro. Su caudal no sufrirá merma adicional alguna, ya que el agua proviene del minitrasvase que funciona desde 1989, y simplemente se compra una parte de la cuota que pagan los regantes tarraconenses. Para hacerla llegar a la Ciudad Condal se instalará una tubería de 62 kilómetros de largo, en lo que se invertirán 180 millones de euros.
Solo para emergencias
Las obras comenzarán en mayo y está previsto que concluyan en un plazo de cinco meses, de forma que pueda entrar en funcionamiento en octubre, cuando el Gobierno catalán prevé que los efectos de la sequía agraven los problemas de abastecimiento de agua en Barcelona, que se supone se aliviarán en mayo del próximo año con la puesta en marcha de la desaladora de El Prat. La nueva canalización solo se utilizará en casos de emergencia, y necesitará para ello de sendos decretos de los Gobiernos central y catalán. Con ello, ambos Ejecutivos pretenden evitar las acusaciones de Valencia y Murcia, que lo consideran un trasvase encubierto.