Salva el debate en el Congreso con críticas de todos los grupos y el rechazo de PP, ERC e IU Contempla el reconocimiento de las víctimas, pero no la anulación de los juicios franquistas
14 dic 2006 . Actualizado a las 06:00 h.La llamada Ley de la Memoria Histórica, una de las más polémicas de esta legislatura, superó ayer el primer trámite parlamentario. Pero lo hizo de forma pírrica, con el rechazo frontal del PP, que pidió su retirada, y de los socios parlamentarios del Gobierno, ERC e IU-ICV, que la consideran frustrante para las víctimas del franquismo. Los demás grupos también criticaron el proyecto de ley «por el que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura», que es su nombre oficial. El Congreso rechazó las dos enmiendas a la totalidad con texto alternativo de ERC e IU -que fueron apoyadas por BNG, EA y Nafarroa Bai- y la de devolución de los populares, que sólo contó con sus votos. María Teresa Fernández de la Vega, encargada de defender la ley -bajo la mirada atenta de Zapatero-, dijo que el Gobierno no pretende «sustituir a los historiadores» ni «construir o implantar una supuesta memoria colectiva». Destacó que por primera vez «un proyecto de ley reconoce y declara, con carácter general, la injusticia de las condenas, sanciones y cualquier forma de violencia personal ocasionadas por razones políticas». La vicepresidenta repasó los aspectos fundamentales de la ley: «Reconoce el derecho de las víctimas y de sus familias a una declaración singular, a una reparación y reconocimiento personal e individual de la injusticia infligida»; «a localizar, identificar y, en su caso, recuperar los restos de sus parientes»; y ordena a los organismos estatales que retiren los símbolos franquistas. «Esta es una ley que, lejos de escribirse contra nadie, pretende hacer justicia». ERC e IU criticaron que la ley no contemple la anulación de los juicios franquistas -que para el Ejecutivo plantea problemas insalvables-, sino sólo el reconocimiento simbólico de la injusticia de las condenas. Joan Tardá apeló a la memoria del abuelo de Zapatero para decir que pedir la declaración de rehabilitación es una «humillación más» para las víctimas.