Explicó al juez que todos los informes se remitían «íntegramente» al Gobierno autonómico El ex asesor de Urbanismo declaró más de cinco horas en relación a la operación Malaya
17 nov 2006 . Actualizado a las 06:00 h.El ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca mantuvo ayer, en su declaración por una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción, que la Junta de Andalucía tenía «perfecto conocimiento» de los convenios que aprobaba el consistorio marbellí. Su abogado, José Aníbal Álvarez, explicó a los periodistas que Roca reiteró en su comparecencia que todos los informes relativos a convenios de los años 1997 y 1998 se remitían «íntegramente a la Delegación del Gobierno [de la Junta de Andalucía]» en Málaga. El presunto cerebro de la trama de corrupción descubierta en la operación Malaya compareció hoy durante dos horas y media ante la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella, Carmen Rodríguez Medel. Roca, que fue trasladado a los juzgados a las 9.50 horas y abandonó esas dependencias a las 15.30, mantuvo su declaración anterior en la misma causa, que puntualizó al ser preguntado por nuevos convenios, según su abogado. Ayer, fue interrogado sobre ocho convenios urbanísticos de los años 1997, 1998 y 2000, y defendió que el fallecido alcalde de Marbella Jesús Gil era quien mandaba en el Ayuntamiento, aunque el ex regidor Julián Muñoz ejerciera el cargo de forma accidental. Impugnó sólo de algunos El ex asesor, que el próximo febrero deberá volver a declarar en esta causa por otros nueve convenios, siempre ha asegurado que la Junta conocía los convenios de permuta y aprovechamiento y, aunque sabía de esos convenios urbanísticos, unas veces los impugnó y otras no. Según Roca, los convenios se enviaban a la secretaría, que debía enviarlos a la comisión de gobierno o al pleno para que se aprobaran. Luego, el pleno del Ayuntamiento lo remitía a la Junta de Andalucía para que emitiese un informe tras el estudio de los técnicos. La fiscalía presentó una querella por delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos contra el ex alcalde Julián Muñoz, contra Roca y contra el tasador José Mora, a quienes atribuye irregularidades en convenios sobre permutas y tasación de terrenos. La fiscalía concluye que Muñoz y Roca aparecen como «artífices de una maniobra tendente a enajenar los inmuebles del Ayuntamiento a precios muy inferiores a los del mercado, sin que se haya podido averiguar hasta el momento qué clase de contraprestación han podido obtener a cambio».