Los protagonistas este año de los carnavales en Canarias son los escándalos en la política, salpicada en los últimos meses por el «caso Amorós» y el de la «trama eólica»
15 feb 2006 . Actualizado a las 06:00 h.Los escándalos ya han llevado a dos personas a la cárcel. Los ingresos en prisión los ha ordenado el juez Miguel Ángel Parramón, que investiga presuntas irregularidades en la convocatoria de un concurso público de energía eólica en el 2003, y los perjudicados por su decisión han sido el ex director general de Industria del Gobierno canario, Celso Perdomo, (PP) y su pareja, Mónica Quintana, funcionaria del Cabildo de Gran Canaria. Celso Perdomo ha sido imputado por los delitos de cohecho, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y facilitar información privilegiada, mientras que a Mónica Quintana se le atribuyen delitos de cohecho y malversación de fondos públicos. Estos hechos se producen en un año en el que incluso la decisión de un juez ha afectado a los carnavales, pues el de Santa Cruz de Tenerife estuvo pendiente de celebrarse en la calle hasta el 10 de febrero porque varias asociaciones de vecinos de la zona centro pidieron la suspensión cautelar de los actos en la vía pública por los ruidos y molestias que les causa. El juez ha decidido no suspender cautelarmente los actos en la calle aunque reconoce que los vecinos soportan excesivos ruidos, que cada vez se producen con más insistencia en la política, pues al caso del concurso eólico se ha sumado el conocido como Amorós. Dirección del Tesoro Este caso hace alusión a las presuntas irregularidades detectadas por la Audiencia de Cuentas en la Dirección General del Tesoro en el 2002, cuando su titular era Alberto Amorós, y el consejero de Economía y Hacienda el actual presidente del Gobierno canario, Adán Martín (CC). Cuando se produjeron ambos casos Coalición Canaria y Partido Popular eran socios de Gobierno, un pacto que se rompió en el 2005 y desde entonces los nacionalistas gobiernan con el apoyo parlamentario que el PSC-PSOE les da de forma puntual. La situación política actual ha llevado al portavoz del Gobierno canario, Miguel Becerra, a declarar que «no es agradable» para ninguna comunidad autónoma el que haya tres comisiones parlamentarias de investigación a la vez, y a los socialista a decir que los escándalos políticos «salpican» al Ejecutivo canario. El presidente canario, Adán Martín, comparecerá el 21 de febrero a petición propia para hablar de las supuestas irregularidades en la Dirección General del Tesoro. Esta comparecencia se producirá al día siguiente de que el Parlamento de Canarias celebre cuatro sesiones extraordinarias, tres de ellas relacionadas con el concurso eólico y una con el caso Amorós. Las tres primeras, solicitadas por Coalición Canaria, PP y PSOE.