Los asaltantes deberán demostrar en el juzgado qué derechos tienen sobre las viviendas El PP atribuye los sucesos al «efecto llamada» provocado por el Ministerio de Vivienda
01 nov 2005 . Actualizado a las 06:00 h.Un dispositivo de la Guardia Civil, integrado por medio centenar de agentes, acordonó ayer los tres bloques de viviendas de promoción pública de la localidad granadina de Jun que desde el pasado 22 de octubre se encuentran ocupadas por familias gitanas que presuntamente coaccionaron mediante amenazas a sus inquilinos para que las abandonaran. Los agentes, de acuerdo con el auto dictado por el juez que instruye el caso, se limitaron a identificar a los residentes en los 47 inmuebles con la intención de determinar qué familias cuentan con derechos legales para residir en ellos. Asimismo, les entregaron la citación judicial que les insta a personarse hoy en el Juzgado de Instrucción número 8 de Granada para que demuestren documentalmente sus derechos sobre las viviendas. El alcalde de Jun, José Antonio Rodríguez, reiteró ayer que una veintena de familias fueron desalojadas a la fuerza, y explicó que los pisos de promoción pública, construidos en 1997, son propiedad de cuatro personas, que los tienen alquilados de forma legal y de acuerdo con el régimen de protección oficial. Rodríguez indicó que una de las personas que han ocupado de forma ilegal las viviendas le siguió hasta el Ayuntamiento y le dijo que le cortaría el cuello si el gobierno local continuaba trabajando en este asunto. «Cuando le pregunté sus datos para denunciarlo, me sacó la pistola y me dijo que si prefería solucionarlo con dos tiros», aseguró el alcalde. La decisión judicial que ordenaba a la Guardia Civil a practicar hasta 14 diligencias para tratar de esclarecer la situación se produjo pocas horas después de que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía emitiese un dictamen en el que solicitaba el desalojo de las viviendas ocupadas de forma ilegal en Jun por entender que podrían concurrir varios delitos, como allanamiento de morada o usurpación. «Violencia e intimidación» La fiscalía de Granada había pedido que se ordenase a la Guardia Civil que procediera al desalojo, en menos de 48 horas, de las viviendas ocupadas, tras haber recibido una denuncia en la que se mencionaba la existencia de «violencia e intimidación» en los hechos, según el dictamen del ministerio público y presentado en el Juzgado de Instrucción número 8 de Granada. El diputado del PP por Granada Juan Santaella anunció ayer que su grupo pedirá la comparecencia del ministro del Interior, José Antonio Alonso, para que aclare los sucesos de Jun y la «escandalosa» actuación del subdelegado del Gobierno en Granada, Antonio Cruz, a quien acusó de «no actuar con la prontitud que los hechos requerían» y de comportarse más «como un juez instructor que como el responsable de las fuerzas de seguridad». Juan Santaella afirmó que la ocupación a la fuerza de las viviendas del municipio de Jun obedece a un «efecto llamada de las malas políticas» del Ministerio de Vivienda.