Establece condenas de prisión para quienes incumplan la custodia y vigilancia de polvorines Los depósitos tendrán doble cerradura, y los que almacenen más de 150 kilos, seguridad privada
11 mar 2005 . Actualizado a las 06:00 h.El Consejo de Ministros quiso hacer coincidir el primer aniversario de la matanza del 11-M con la aprobación de una profunda reforma del Código Penal para endurecer las sanciones en los delitos relacionados con el robo de explosivos y las conductas ilícitas en su vigilancia, control y utilización. El Gobierno aprobó también un plazo extraordinario para que las víctimas del terrorismo puedan solicitar ayudas que beneficiará a un centenar de afectados que habían quedado fuera por superar los plazos y que tendrá un coste de cerca de cuatro millones de euros. Otro real decreto aprobado ayer establece medidas para luchar contra la financiación de grupos terroristas que afectan al control de las cuentas bancarias. De Industria a Interior En lo que se refiere a los explosivos, el ministro de Interior, José Antonio Alonso, explicó que se pretende que la Administración tenga un mayor control sobre las contrataciones de personal que va a manipular los explosivos y sobre determinadas empresas que utilizan habitualmente explosivos como parte de su trabajo cotidiano. Actualmente ese control depende del Ministerio de Industria y ahora pasará a ser responsabilidad de Interior. La reforma crea un nuevo tipo penal para los cargos públicos y profesionales que obligados a controlar y custodiar los explosivos falten a sus obligaciones. Ese nuevo delito se castigará con penas de cárcel e inhabilitación para ejercer cargo pública. Los polvorines de cualquier instalación deberán tener doble cerradura de seguridad y las explotaciones con más de 150 kilos de explosivos almacenados o mil detonadores deberán tener vigilancia privada. En los procesos de voladura se realizarán controles individuales de manera que los vigilantes podrán registrar personalmente a los técnicos y trabajadores que las han llevado a cabo. Se refuerza también la seguridad en el transporte de explosivos por carretera, ferrocarril y vía marítima. Los vehículos que transporten explosivos deberán estar conectados permanentemente con la Guardia Civil. El ministro de Interior presentó también el Proyecto de Reglamento de Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo que permitirá bloquear y prohibir la apertura de cuentas bancarias, así como observarlas e investigarlas si se sospecha de su utilización para fines terroristas. La Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo podrá requerir a las entidades financieras, despachos de abogados o todo tipo de entidades que manejen capitales sospechosos para que suministren información sobre circulación de capitales investigados, según explicó Alonso.