Conde-Pumpido entiende que existe «trascendencia y complejidad» en este asunto El PSOE denunció que la cúpula del PP presionó al alcalde para que no cediera dos parcelas
25 feb 2005 . Actualizado a las 06:00 h.El fiscal general de Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha trasladado a la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la Corrupción la documentación presentada por el Partido Socialista de Madrid (PSM) sobre el denominado caso Majadahonda. Conde-Pumpido considera que este asunto tiene «trascendencia y complejidad» más que sobradas como para que sea investigado por el órgano más competente. Según la denuncia que realizaron los socialistas, miembros de la cúpula del PP regional, entre los que se encuentra la presidenta autonómica, Esperanza Aguirre, presionaron al anterior alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, para que paralizara el proceso de adjudicación de dos parcelas municipales. «El interés público afectado, el volumen económico de la operación, la intervención en la misma de un alto número de empresas y la afirmación realizada en la denuncia de que la presidenta de la Comunidad y el regidor afectado estuvieron relacionados con los hechos son razones más que sobradas para afirmar su trascendencia y complejidad», precisa el fiscal. Conde Pumpido argumenta, para trasladar la denuncia a Anticorrupción, que entre sus funciones está la de enviarlas a la autoridad judicial o decretar su archivo cuando no encuentre fundamentos para ejercitar acción alguna. Subraya, asimismo, que respecto de los delitos cometidos por los funcionarios públicos, revisten «especial trascendencia» aquellos atribuidos a quienes ostentan la condición de alto cargo, que según la ley ostenta el presidente del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Posibles delitos Los hechos denunciados por los socialistas advertían de la comisión de los posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias. La denuncia asegura que «miembros del PP de los ámbitos municipal y regional y constructores privados presionaron al alcalde de la localidad para evitar que dos parcelas de suelo de propiedad municipal fueran enajenadas a la empresa que entre las doce concursantes resultase seleccionada (...), para conseguir su adjudicación, al margen de criterios legales y contractuales». En relación con las supuestas «presiones» al arquitecto municipal, la denuncia especifica que este funcionario, «tras conocer las valoraciones que los demás servicios del Ayuntamiento habían concedido a las ofertas presentadas, modificó el informe técnico que había emitido el día 12 de diciembre del 2004 (...) y emitió uno nuevo, fechado el día 20 de diciembre del 2004, a consecuencia del cual la empresa Afar-4 recibía la mejor calificación global».