El tribunal dio a las instituciones vascas y la Abogacía del Estado 10 días para alegar sobre el recurso del Gobierno La impugnación que suma más apoyos es la que ataca el trámite parlamentario
04 dic 2003 . Actualizado a las 06:00 h.Un Tribunal Constitucional dividido decidió ayer aplazar hasta enero su pronunciamiento sobre el plan Ibarretxe. Los 12 magistrados, que después de tres días de discusión no logran ponerse de acuerdo sobre la admisión o no a trámite de la impugnación del Gobierno central, optaron por pedir a las partes que aporten su opinión antes de volver a intentar una resolución definitiva. En esta postura, además de las disensiones, habría pesado la necesidad de relajar la presión social que soportan los jueces, evitar que las instituciones vascas aleguen en el futuro indefensión y liberar de polémica la celebración del 25 aniversario de la Constitución, durante este fin de semana. El pleno paralizó el debate para determinar si consideran la impugnación contra el acuerdo del Ejecutivo vasco que aprobó el plan Ibarretxe (25 de octubre) y el acuerdo de la Cámara vasca que aceptó tramitar la reforma del Estatuto (4 de noviembre). El Consejo de Ministros solicitó su admisión a trámite y la anulación de ambos actos jurídicos por ilegales. La aceptación de cualquiera de las impugnaciones supondría la inmediata paralización de la discusión parlamentaria del plan por cinco meses, prorrogables en caso de que terminado el plazo aún no haya sentencia. Sin acuerdo El Constitucional no se pone de acuerdo sobre si la pretensión del Gobierno debe ser estudiada a fondo o ni tomada en consideración por estar dirigida contra acuerdos que aún carecen de repercusión legal y que, por lo tanto, no pueden ser controlados constitucionalmente. El pleno decidió recabar de los implicados argumentos a favor y en contra, para ver si con su recepción es posible alcanzar una postura del tribunal si no unánime, mayoritaria. Así, remitió al Gobierno vasco, la mesa de la Cámara y el Ministerio de Justicia un escrito en el que da 10 días hábiles (hasta el 18 de diciembre, último pleno del Constitucional en el 2003) para que envíen las alegaciones que crean oportunas. Traslada así además a las instituciones vascas el escrito de impugnación que presentó la Abogacía del Estado el 13 de noviembre. Según fuentes jurídicas, el pleno no logró consenso, aunque los grados de desacuerdo entre los magistrados son muy distintos según la resolución a tratar. La mayor polémica la creó la posibilidad de controlar judicialmente la aprobación del plan por el Gobierno vasco, que en algún momento contó con más detractores que defensores. Son muchos los que creen que se trata de un acto político sin trascendencia jurídica, que no puede ser siquiera examinado en la sede constitucional. La mesa de la Cámara La que sumó más defensores, aunque sin unanimidad, fue la que cuestiona el acto de la mesa que inició el trámite parlamentario. Muchos creen que encajaría entre lo que la Constitución permite impugnar al Gobierno, por contener decisiones que pudieron vulnerar aspectos constitucionales, del Estatuto y del reglamento del Legislativo, en línea con la demanda estatal. Esta impugnación se basa en que el Parlamento tuvo que valorar y calificar la propuesta del Ejecutivo de Vitoria para tramitarla, con lo que habría tomado un acuerdo con valor jurídico y por lo tanto revisable en términos constitucionales. El aplazamiento puede provocar que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se pronuncie sobre la paralización cautelar del plan Ibarretxe antes que el Constitucional. Y es que podría reunirse en cuanto reciba las alegaciones solicitadas al Gobierno vasco para resolver el recurso del sindicato Manos Limpias contra el acuerdo por el que el Ejecutivo de Vitoria aprobó la propuesta de modificación del Estatuto.