Desde hace seis años, la Cámara, que según la Constitución ostenta la representación territorial, no celebra el debate sobre el Estado de las Autonomías, pese a lo que establece su reglamento
30 sep 2003 . Actualizado a las 07:00 h.Según el artículo 69.1 de la Constitución, el Senado es la cámara de representación territorial. Su propio reglamento (artículo 56 bis 8) establece que debe celebrar anualmente una sesión plenaria cuyo orden del día se dedicará integramente a analizar el estado de las autonomías. Además de haberse convertido en una cámara de segunda lectura, que en demasiadas ocasiones aprueba los proyectos que le remite el Congreso sin cambiar una coma, esta institución -que tiene un presupuesto previsto para el 2004 de más de 43 millones de euros- incumple sistemáticamente sus obligaciones normativas. Desde hace seis años no se ha discutido al máximo nivel sobre un asunto tan capital como es la vertebración territorial del Estado en el foro destinado para ello. En toda su historia, sólo ha habido cinco debates sobre el estado de las Autonomías, cuatro con gobiernos socialistas (1985, 1987, 1993 y 1994) y uno con el del PP (1997). Los dos últimos con la intervención de todos los presidentes autonómicos menos el vasco Ardanza. El portavoz socialista en el Senado, Juan José Laborda, remitió hace unos días una carta al presidente, Juan José Lucas, instándole a que se celebre el debate, como han exigido varios grupos parlamentarios y comunidades. Es evidente que una institución que es incapaz de mantener su compromiso reglamentario de celebrar una cumbre autonómica anual no cumple su función de representación territorial, de cámara de las autonomías. De poco sirve que se aplique el factor territorial en la elección de la mayoría de los senadores (208), de tal forma que se asignan los mismos a distritos con varios millones de habitantes y a otros que apenas superan los 100.000. O que estén representadas las comunidades autonómas, que designan un senador y otro más por cada millón de habitantes de su territorio. Tampoco las funciones relacionadas con la política autonómica que tiene asignadas el Senado le han dado el protagonismo que le otorgaba la Carta Magna. Quizá porque, como manifiesta el catedrático de Derecho Político Manuel Ramírez, una segunda cámara «sólo tiene sentido en un régimen de estructura federal».