El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Rafael Simancas, considera «imprescindible» que se abra una comisión de investigación «sobre las responsabilidades del caso CPV y otros fraudes que se están cometiendo en el desarrollo de los PAU». La estafa que están sufriendo más de 1.200 familias en este caso, en opinión de Simancas, «va más allá de la cometida por los gestores privados ya encarcelados», y por ello acusó al Gobierno municipal y autonómico de «complicidad política clara» en la trama y les exigió «que se aclaren y se depuren las responsabilidades en una comisión de investigación». El socialista cree que «el PP ha hecho dejación de sus competencias en materia de control y de disciplina urbanística», al no exigir a los gestores privados el cumplimiento de los plazos y condiciones establecidas en los convenios urbanísticos.