Casi un centenar de afectados por el caso CPV, promotora que vendió los terrenos en Sanchinarro antes de construir las viviendas, se concentraron ayer ante los juzgados de Plaza Castilla para actuar contra la dirección de la empresa. Unos querían sus casas; otros el dinero. Unos querían presentar una demanda, siguiendo el ejemplo de las treinta familias que a finales de septiembre interpusieron una demanda. Otros simplemente acudieron allí para solicitar información y estudiar las medidas que adoptarán en el futuro. Los afectados manifestaron sentirse «indignados y perdidos» y solicitaron al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid que intervengan en el caso. De Plaza Castilla, los afectados se trasladaron hasta la sede de CPV en la calle Orense. Allí denunciaron el hecho de que lleven un año intentando contactar con alguien y que nadie pueda informarles de la situación en la que se encuentra el caso. No es la primera vez que acuden hasta las oficinas de la promotora. La tarde del jueves la pasaron ayer allí hasta que fueron desalojados por agentes de la la policía. «Ceguera del PP» Los partidos políticos se volvieron a hacer eco de la presunta estafa. El secretario general de la FSM, Rafael Simancas, anunció que el PSOE se personará en el proceso judicial abierto y consideró que la «ceguera» de la Comunidad y el Ayuntamiento en este asunto supone «una complicidad activa con los defraudadores». El candidato socialista al Gobierno regional aseguró que los «fraudes» y «abusos» descubiertos en el marco del PAU de Montecarmelo no son casos aislados. «Se están produciendo desde hace años en todos los PAU de Madrid», dijo, y son «decenas de miles» los ciudadanos que, pese a tener la necesidad de acceder a una vivienda en condiciones «razonables», los «están experimentando en sus carnes». Simancas concluyó lanzando un mensaje a los propietarios de suelo y promotores inmobiliarios: el PSOE «no va a permitir» que se cometan fraudes contra los ciudadanos a los que el PP dice que «vayan a los tribunales».