El Parlamento de Cataluña aprobó ayer por unanimidad una moción de ERC que se pide que sea regulada la prostitución, y encargó un estudio sobre los derechos fundamentales de las personas que ejercen «el trabajo sexual». El debate fue presenciado desde la tribuna por tres mujeres representantes del sector (una prostituta y dos portavoces de una asociación de apoyo), que expresaron su temor a que el Gobierno catalán se limite a regularizar la actividad de las empresas o clubes y se olvide de garantizar los derechos de las trabajadoras. Según María Luisa Sánchez, de la asociación LICIT, «un diputado con pantalones es una cosa y sin pantalones es otra cosa, y lo mismo se puede decir de un médico y un policía, y todos pasan por los trabajadores sexuales».