De las 463 diligencias abiertas en el 2000, 376 fueron por retrasos El Poder Judicial sólo sanciona al 2% de los jueces que son denunciados por los ciudanos. Gobierno y oposición tienen mucho trabajo por delante para conseguir que el pacto de Estado por la Justicia se traduzca en resultados prácticos y logre reducir uno de los mayores problemas: el retraso en la tramitación de los procesos. Ocho de cada diez diligencias abiertas, en total 463, por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) durante el año pasado se debieron precisamente a ese motivo.
25 ago 2001 . Actualizado a las 07:00 h.De las 2.969 diligencias de índole disciplinaria abiertas desde el año 1995, tan sólo 98 de ellas acabaron en sanción. Para los rectores de la carrera judicial, se trata de una muestra más de «limpieza y buen funcionamiento dentro de la carrera». Para las asociaciones de consumidores y usuarios, un ejemplo de «corporativismo». Las opiniones son libres, pero las cifras tozudas. De las 990 denuncias recibidas en el órgano de gobierno de la judicatura durante 2000, sólo 463 dieron lugar a la apertura de diligencias informativas. Estas, a su vez, derivaron en la incoación de 53 expedientes disciplinarios, de los que sólo 26 acabaron en sanción. La consecuencia resulta clara: sólo el 2,6% de los jueces investigados son finalmente castigados, al entender que han cometido algún tipo de falta en el ejercicio de su cargo. Las quejas por dilaciones son algo casi algo cotidiano entre los miles de personas que acuden diariamente a los tribunales. Un estudio reciente publicado por el Colegio de Abogados de Madrid advertía de que jueces y magistrados tardan más de un año en dictar su primera sentencia sobre un pleito. Esta cifra llega a multiplicarse por diez si el caso llega a recorrer todas las instancias judiciales hasta llegar al Tribunal Constitucional. Sin embargo, los plazos no son iguales en todos los sitios, ya que la diferencia entre el juzgado «más rápido» el «más lento» puede superar los catorce meses. Jueces y abogados se responsabilizan mutuamente de parte de esos retrasos, aunque también echan buena parte de la culpa a la falta de personal y los deficientes medios materiales con los que cuenta la Administración de Justicia a comienzos del siglo XXI.