Más de 82.000 inmigrantes podrían ser expulsados de España de inmediato en virtud de la nueva ley Mohamed es marroquí. Su nombre es figurado, no como los problemas a los que tendrá que hacer frente ahora que entró en vigor la Ley de Extranjería. Mohamed lo sabe. También que podrá ser expulsado por no tener papeles. Sabe que le pueden volver a denegar la tarjeta de residencia, esta vez sin explicaciones, que no tendrá derecho a manifestarse, reunirse o asociarse. Que ahora necesitará demostrar que lleva cinco años en España, en vez de dos, para ser legal y que tiene derecho a la asistencia primaria, pero no a un especialista. En definitiva, está igual que cuando hace un año una patera lo dejó en Tarifa.
22 ene 2001 . Actualizado a las 06:00 h.Mohamed fue uno de los 15.000 extranjeros que llegaron en patera en el 2000, cinco veces más que en 1999. La diferencia es que ahora el Ejecutivo tiene una ley a medida de los que son como él, que según la Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración es mejor que la que aprobaron todos los partidos juntos, menos el PP. En España viven legalmente más de un millón de extranjeros. Aunque las fuentes consultadas entre organizaciones no gubernamentales -Atime o SOS Racismo- y partidos políticos -PSOE e IU- no se ponen de acuerdo, coinciden en que la cifra de «sin papeles» está cerca de los 200.000. El problema y la confusión para las administraciones locales, autonómicas y estatal es grave. Casi un cuarto de millón solicitó regularizar su situación hasta el 31 de julio de año pasado, una cifra que dobló las previsiones de Interior. Un total de 137.454 (un 60 por ciento) lograron los ansiados papeles. A 82.845 se les denegaron. Sobre estos últimos -los que no intentaron regularizarse por no cumplir los requisitos y los llegados a partir del 31 de julio- las fuerzas de seguridad del Estado tienen cobertura legal suficiente para expulsarles. Mientras, el Gobierno aprobó en diciembre un informe de integración de inmigrantes basado en el Plan Greco, sin que haya fijado un presupuesto, en qué asuntos y como afectará a las admistraciones implicadas, según la oposición. El plan debe implicar a varios ministerios y varios gobiernos autonómicos. Representantes catalanes, vascos o andaluces que se han interesado sobre el plan aún no saben de dónde saldrá el dinero. Mohamed sabe todo eso. Sabe que todos dicen que hacen las cosas por su bien, pero a partir del martes estará más preocupado.