La pinza PP-BNG de Silleda impide al PSOE aprobar el pago de facturas por 135.000 euros

Con retraso por problemas técnicos para la emisión del pleno en directo se celebraba ayer un pleno ordinario en Silleda donde solo se debatía un reconocimiento extrajudicial de crédito por unos 135.128 euros. A pesar de ello se convirtió casi en una sesión maratoniana de dos horas, donde se constató una vez más las dificultades que tiene este mandato el PSOE para gobernar en minoría ante una nueva pinza de la oposición. PP y BNG votaron en contra de esa operación con la que se pretendía afrontar el pago de facturas pendientes del 2023, en su mayor parte por consumo energético, como luz y agua.

El gobierno presidido por Paula Fernández pretendía afrontar esos pagos pendientes a través del plan +Provincia de la Diputación, que a través de su línea 1 autoriza destinar un porcentaje de hasta el 30 % a costear facturas, ya que el Concello de Silleda se encuentra en una situación económicamente saneada. Una fórmula que están utilizando otros concellos de la zona, como ayer mismo Lalín, sin que hubiese trabas desde la oposición. Pero en el caso silledense se atisbó desde el inicio del debate que la situación no iba a ser la misma.

A pesar de un precedente anterior donde la oposición se abstuvo ante una modificación de crédito por medio millón de euros, en esta ocasión no variaron su postura inicial a pesar de los reiterados intentos de la regidora. Fernández esgrimió que ya están trabajando para elaborar el presupuesto del 2025, que Intervención ya está con las previsiones de ingresos y que todo está condicionado por el canon de Sogama, que acaba de subir con efector retroactivo. En algún momento incluso apuntó a que esos impagos de facturas terminarán en vía judicial por parte de las empresas, lo que demorará su abono algunos años pero con los consiguientes intereses a pagar.

Posicionamientos

Desde el Partido Popular, Ignacio Maril achacaba esas facturas sin pagar del 2023 al despilfarro por parte del gobierno socialista en año electoral. Incluso anunció que no iban a aprobar ninguna modificación de crédito ni reconocimiento extrajudicial de crédito en este mandato. Insistieron los populares en pedir la elaboración de presupuestos municipales para el 2024, a pesar de restar pocos meses ya y del complejo proceso que se avecina con el tema de los residuos sólidos urbanos, para cumplir la normativa europea a partir de abril del 2025 de imputar a cada vecino el coste real de lo que deposita en los contenedores.

Por su parte, el BNG argumentó su voto contrario en que ya se tuvo que recurrir en marzo a un proceso similar. Reclamaron explicaciones de porqué esas facturas de energía se pagan a través de reconocimientos extrajudiciales de crédito, que creen que no se les dan. Adujeron además que si se hubiesen incluido en el 2023, el déficit hubiera sido negativo en lugar de positivo como aireó el gobierno local, acusándole de trampear los datos.

Criticaron los nacionalistas que se gastó más de lo que se ingresó, en año electoral, pudiéndose producir el caso de que no haya saldo en este 2024 para facturas del propio ejercicio. Piden al PSOE que informen de la situación real económica a los vecinos, rebatiendo su responsabilidad tras animar la alcaldesa a los proveedores a denunciar. Solo piden justificación de porqué gastó más de lo que debía y ajustar el déficit, sin saber cómo se van a pagar facturas de este año.

Tampoco convencieron a los dos partidos las explicaciones de la buena situación económica del Concello, con 1,46 millones de euros en cuentas y 2,23 en licitaciones. Reiteró que tener liquidez no significa tener crédito y por eso buscaban sin éxito esa aprobación.

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