La CIG dice que la empresa no pagó las indemnizaciones a 6 exoperarios
29 ago 2014 . Actualizado a las 07:00 h.El conflicto que desde hace dos años mantienen seis extrabajadores, representados por el sindicato CIG, con la Explotación Minera Campomarzo continúa. Después de la sentencia del año pasado en la que el Xulgado número 2 de lo Social dictaminase el despido improcedente de seis trabajadores fijando el pago de 127.015 euros de indemnización, al no abonar la firma ese dinero antes de fin del 2013, aguardaron a que la sentencia fuera firme. Así, a mediados de este año solicitaron la orden de embargo para poder cobrarlo y ahora continúan con las acciones en ese sentido. Una de ellas fue trasladar al juzgado el nombre de clientes de la empresa para que las ganancias de la firma sean ingresadas directamente en el juzgado y embargadas esas cuentas de cliente para hacer frente a esas deudas con los trabajadores.
Ayer, el responsable comarcal de la CIG, Antón Álvarez Merayo, acompañado de los trabajadores José Manuel Díaz, José Manuel Brea y Antonio González, anunció que continuarán con las medidas hasta que la empresa no haga frente a las indemnizaciones.
Venta de remolque embargado
Después de la solicitud de la ejecución de la sentencia, el juzgado dictaminó en el pasado julio el embargo de 28 fincas de la explotación, además de cinco vehículos. Aunque la empresa alegó que había maquinaria básica, el juzgado mantuvo la propuesta. Sin embargo, según explicó la CIG, se enteraron de la venta de un remolque por 8.470 euros sin que el dinero fuese destinado al pago de los extrabajadores. El juzgado dio el día 11 orden a la empresa para que en un plazo de 5 días ingresase este dinero. Álvarez Merayo explicó que el viernes pasado, cuando finalizara el plazo, no habían ingresado ese dinero. Sin embargo, hasta este próximo lunes no sabrán si lo ejecutó fuera de plazo. Desde el juzgado les comunicaron, según indicó el responsable de la CIG, que si no realiza el abono procederán a abrir un proceso por alzamiento de bienes y se procedería al precintado de los vehículos. «Puxéronse a vender maquinaria que non é da mercantil Campomarzo, senón dos traballos. Isto é case mafioso, que unha persoa venda material embargado», aseguró Merayo.
La CIG, tras recordar que intentaron negociar sin éxito con la empresa un plan de pagos para las indemnizaciones, anunció que también tendrán una reunión con el juzgado para que empiecen a paralizar los trabajos en las fincas que figuran como parte del pago. Además, pidieron celeridad al juzgado. El delegado de personal, Antonio González, recordó que ellos solo quieren cobrar la indemnización y más teniendo en cuenta que material de la cantera va para trabajos contratados por la administración.