La aprobación del anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial levanta ampollas y abre la puerta a la desaparición de los juzgados
08 abr 2014 . Actualizado a las 08:05 h.La aprobación por parte del Consejo de Ministros del anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial levanta ampollas. Su aprobación supondría la eliminación de los juzgados que pasarían a ser centralizados en un tribunal provincial de Instancia que tendría su sede en la capital de provincia correspondiente.
¿Cómo afecta a los ciudadanos?
Los profesionales del derecho advierten que supondría el traslado de la administración de la justicia por la vía civil, entre otras, a los juzgados de provinciales. Eso supondría tener que ir a Pontevedra para cualquier asunto con el considerable perjuicio para el ciudadano que dejaría de tener el juzgado cerca de casa para verse obligado a desplazarse cien kilómetros para muchos trámites. Una de las cuestiones que se argumenta en el anteproyecto para cambiar el mapa actual es que las comunicaciones y los medios de transporte han cambiado mucho. Es cierto, pero a diferencia de lo que ocurre en ciudades o provincias como Madrid, en Galicia la diseminación geográfica juega muy en contra y el transporte público brilla por su ausencia en la mayoría de los casos y si lo hay no tiene la frecuencia necesaria como para hacer frente a las necesidades de los ciudadanos en muchos casos.
¿Se agilizarían los procesos judiciales?
Abogados y procuradores entienden que no y creen que la centralización incrementaría los atascos que ya de por sí sufren ahora los tribunales. Hay que tener en cuenta el número de asuntos que se ven cada año en los juzgados. Los asuntos civiles se sitúan en torno a los 1.500 en Lalín y un poco menos en A Estrada, a los que habría que añadir los de los juzgados de Vilagarcía, Cambados, que tienen un número de población mucho mayor, los de Vigo... En estos momentos señalan, en Pontevedra, el tiempo de espera de los juicios de lo contencioso se sitúa en unos dieciocho meses, Un año y medio que el ciudadano tiene que esperar para reclamar. Los profesionales se preguntan qué pasaría con asuntos sencillos y urgentes como puede ser una pensión de alimentos o una custodia en caso de divorcio si entran en la rueda de un macrojuzgado provincial.
¿Qué pasaría con los trabajadores?
De desaparecer los juzgados, es de suponer que los trabajadores se desplazarían a la capital de la provincia. Un duro golpe sufrirían la importante cantidad de procuradores, abogados que hay en toda la provincia. Las sedes de los partidos judiciales perderían riqueza y se perderían las inversiones millonarias hechas no hace tanto en muchas sedes judiciales, como el edificio de los juzgados construido en Lalín.
¿Se reducen los litigios?
El aumento del precio de las tasas hace que muchos ciudadanos renuncien a apelar por el coste que supone. Algo que ya ocurre. Alejar los juzgados reducirá litigios y es de suponer que a mayores impedimentos serán menos los que reclamen justicia en los tribunales con los que se pierde un derecho.
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