Silleda pide a NGB que le diga si ya devolvió el dinero a los preferentistas

Rocío Perez Ramos
R. RaMos LALÍN / LA VOZ

DEZA

El Concello da un corto ultimátum a la entidad antes de retirar las cuentas

16 jul 2013 . Actualizado a las 07:00 h.

Ayer acabó el plazo de tres meses dado por el Concello de Silleda a Nova Galicia Banco para devolver el dinero a los afectados del municipio por la compra de preferentes y subordinadas con la amenaza de retirar las cuentas municipales de la entidad si no era así.

Una vez vencido el plazo desde el Concello se envió ayer un escrito a la entidad que fue remitido a la sede en A Coruña y a las sucursales de Silleda y A Bandeira. Este fue también cursado, explicó ayer la alcaldesa, Paula Fernández Pena, al Instituto de Consumo y a la Consellería de Presidencia.

Los munícipes dan ahora a la entidad un plazo muy corto para que les informe de como se encuentra la situación y si ya devolvió el dinero a los afectados de Silleda, antes de proceder a ejecutar la amenaza y llevar a cabo la retirada de fondos, tal y como fue acordado en pleno en su día.

Fernández Pena explicó que disponían de una lista con cien nombres de personas que habían hecho una inversión superior a diez mil euros y entre las que se encontraban también algunas personas de A Estrada y de Vila de Cruces.

Indicó que 21 de ellos eran menores de edad y 77 mayores de 65 años. Entre los afectados se encontraban también algunas personas ya fallecidas cuyas reclamaciones estaban siendo llevadas por sus familiares.

Saben también que hay afectados que por una u otra razón acudieron directamente al juzgado o al Instituto de Consumo y no utilizaron los servicios de que estaban a su disposición en el concello.

De ahí la necesidad de que la entidad bancaria les informe de si en este momento se atendieron ya todas las demandas y los afectados del municipio de Silleda pudieron ya recuperar su dinero. En su día la alcaldesa calculaba que el dinero en preferentes de los silledenses superaba los cuatro millones de euros. En abril el grupo de gobierno contabilizaba 182 afectados y una media de 22.000 euros por cada uno de ellos.