Las administraciones son proclives, por regla general, a establecer en los tributos que establecen un apartado de bonificaciones. Estas ayudas a soportar las cargas fiscales pueden dividirse en dos tipos: las reales, y las que son simplemente un lavado de cara para la galería. Habitualmente, las primeras son más escasas, mientras que el segundo grupo muestra una mayor generosidad por parte de quien las establece. ¿Por qué? Porque el «administrador» es consciente de que no irán más allá de un quedar bien que apenas tendrá repercusión en la recaudación que se busque. Los ejemplos son múltiples y variados, pero ayer mismo se producía uno más. El gobierno municipal de Agolada aprobó las tasas para legalización de viviendas: las de 101 a 150 metros cuadrados suponen 1.446,21 euros, pero se establecen bonificaciones: un 10% de rebaja para parados y pensionistas, y un 25% para las familias numerosas. Tal y como está la demografía, ¿cuántas familias numerosas quedan en el municipio? Seguro que la cifra es sensiblemente inferior a la cifra de parados y pensionistas, que por desgracia son cada vez más. Atendiendo a esa razón, la rebaja más somera va para el grupo más numeroso, mientras el verdadero descuento apenas tendrá beneficiarios. Y, paradojas de la vida, la situación puede volverse en contra: al administrado le parece un abuso la tasa, no legaliza su vivienda, y adelante, que si ancha es Castilla tampoco Galicia es estrecha. Lo mismo que dijo el PSOE de Lalín con el ICIO: reduzcámoslo y que paguen todos. Pero señalan que, al mantenerlo en el 3%, pagarlo es «voluntario».