Esperaban que la Constitución los amparase y puede que sea así. El centenar de alumnos de la Universidade de Santiago que hace unas semanas presentaron una queja ante el Valedor do Pobo por la desigualdad entre licenciados que pretenden acceder a la docencia pública -ya que a partir de este curso deben tener el máster de profesorado y no el antiguo Curso de Adaptación Pedagóxica- han tenido respuesta y es positiva. Benigno López ha tomado la decisión de remitir las quejas de los estudiantes universitarios al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, «por ser da súa competencia o ámbito no que se desenvolve a súa queixa», al referirse a la ley estatal que implanta el Espacio Europeo de Educación Superior en las universidades españolas. El escrito remitido por parte del Valedor a los alumnos reza que «correspondendo a esta institución o coñecemento das súas pretensións e, no seu caso, a procedencia de levar a cabo as xestións oportunas», la institución gallega cesa en su actividad. Será el Defensor del Pueblo quien tendrá que decidir si los alumnos de la USC llevan razón en sus reivindicaciones. Precisamente, el escrito presentado a López aludía al hecho de que «a partir do 1 de outubro do 2009, todas as persoas que estaban en posesión do título de licenciado e non tivesen realizado o CAP -las condiciones indispensables para ser profesor en la enseñanza pública- víronse privadas de poder exercer a docencia, para a que o seu título as capacitaba, esixíndolles a obtención dun título académico de nivel superior ao de licenciado». Estarían, pues, en una situación de «desigualdade ante a lei» y se estaría «violando» su derecho constitucional al trabajo. No en vano, el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias, afirma que a los que en el momento de entrar en vigor Bolonia cursasen estudios de licenciatura, «les serán de aplicación las disposiciones reguladoras» de las licenciaturas hasta el 2015.