?a Consellería de Política Territorial devolvió al Ayuntamiento de Portas el plan especial de infraestructuras y dotaciones Quenlla I porque el documento no cumplía una serie de requisitos, entre ellos, que no se especificaba a qué se iba a dedicar. Esta fue la principal conclusión del encuentro que mantuvieron ayer en Pontevedra dos directivos de la Asociación de Afectados Pola Cementeira de Portas-A Peroxa con el delegado provincial, José Manuel González. Por parte del colectivo asistieron a la entrevista el tesorero, Lino Ruibal, y el vicesecretario, Fernando Diéguez. Los directivos de la asociación entregaron al delegado un escrito dirigido al conselleiro de Política Territorial, Alberto Núñez Feijoo, que José Manuel González se comprometió a trasladar. Sin respuesta Lino Ruibal comentó tras la reunión que desde aquel trámite del pasado octubre el Concello de Portas no volvió a dirigirse al departamento de la Xunta. «Estamos francamente contentos porque, además de la amabilidad del delegado, quedó claro que bajo ningún concepto se va a aprobar algo que no sea totalmente legal», subrayó Ruibal Pereira. El tesorero indicó que de las entrevistas solicitadas en su día sólo queda pendiente de fecha la del presidente de la Diputación, Rafael Louzán. En el escrito que se trasladará al conselleiro se hace mención a otro anterior presentado por el abogado del colectivo, Jorge Philippon. En aquella comunicación se subraya la supuesta ilegalidad del plan especial Quenlla I porque se crea para ubicar una empresa privada -la cementera de Clinker Salceda- y no una infraestructura o dotación de las que recoge la Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia. Se permiten infraestructuras básicas de comunicaciones, transportes, espacios libres públicos, equipamiento comunitario e instalaciones destinadas a los servicios públicos y suministraciones de energía y aguas.