La Audiencia desestimó la apelación descartando prevaricación, malversación, apropiación indebida y estafa La Audiencia de Pontevedra desestimó el recurso de apelación de vecinos de la asociación del Parque de Silleda y ratificó el auto del juzgado de Lalín que había decretado el archivo de la querella criminal interpuesta en 1998 contra el entonces alcalde Juan Salgueiro por el colectivo vecinal. La Audiencia no encontró ningún indicio que justificase las acusaciones de prevaricación, apropiación indebida, estafa y malversación de caudales que se le atribuían. Salgueiro estudia ahora querellarse por un delito de injurias contra los cuatro vecinos que se reafirmaron en el juzgado en los términos de la querella: Manuel Caramés Rozados, Alfonso Dobarro Ferradás, José Miguel Camino Iglesias y Valerio Troitiño Fernández.
26 may 2001 . Actualizado a las 07:00 h.Todo el proceso tiene su base en las obras de urbanización de Avenida del Parque en Silleda y en la determinación del alcalde de ordenar el tráfico vial con sentidos de circulación única en varias calles. La asociación de vecinos Parque presidida por Manuel Caramés Rozados rozados presentó en diciembre de 1998 una querella criminal contra Juan Salgueiro Montouto y el concello en las personas que tuviesen relación con las obras, acusándolo de prevaricación, apropiación indebida, estafa, coacción y malversación de caudales. Se tramita la querella despues de que la defensa de Salgueiro hiciese que la acusación no se escondiese detrás del nombre de un colectivo, obligando a ratificar personalmente la acusación. Lo hicieron los cuatro vecinos citados. El auto de septiembre del año 2000 de el juzgado número 2 de Lalín acordaba el sobreseimiento provisional y archivo de la querella. Posteriormente, en noviembre la Audiencia acepta el recurso de apelación que ahora la sala de la Audiencia de Pontevedra acordó -a finales de febrero- desestimar sin posibilidad de recurso. La audiencia no encontró indicios de las acusaciones tras recabar las distintas acreditaciones de obras. En su razonamiento jurídico asegura que las obras se ajustan esencialmente al proyecto, las variaciones están justificadas, las contribuciones especiales se emplearon en el proyecto y la ordenación del tráfico rodado en la villa es competencia de la autoridad municipal. Todas acusaciones que recogía la querella donde se llegaba a acusar a Salgueiro de «apropiarse» del dinero de los pobres ciudadanos.