Una sentencia da la razón a un habitante en Murcia en un caso similar al que padecen los cruceños Ahora, se cumple el cuarto aniversario de la entrada en funcionamiento de la línea de alta tensión que une Mesón do Vento-Lindoso a su paso por Merza. Durante este tiempo, vecinos han reivindicado la retirada del tendido eléctrico de las proximidades de las casas por los efectos que sobre la salud puede generar. Sin embargo, pese a haber sentencias similares favorables a los afectados (caso de Murcia), no se ha trasladado. Los vecinos denuncian que el Gobierno central y la Xunta no tienen interés en ello.
05 dic 2000 . Actualizado a las 06:00 h.Los vecinos de Merza (Cruces) llevan ya cuatro años conviviendo con la línea de alta tensión de la empresa Redesa en funcionamiento. Alejar el tendido eléctrico de las viviendas fue una reivindicación constante ya desde antes de que entrara en funcionamiento, por los efectos negativos que en la salud puede generar el campo electromagnético. Una sentencia en Murcia, obligaba a la empresa Iberdrola a tomar medidas para que los campos electromagnéticos producidos por un transformador ubicado en un bajo dejen de invadir la vivienda de un ciudadano. El juez, indicaba en su decisión que si esto no era posible, la firma debería indemnizar al vecino con una vivienda similar a la que resulta contaminada por la instalación eléctrica. Los vecinos de Merza muestran su satisfacción por esta resolución de un juez ya que basa la sentencia en el principio de que los múltiples estudios existentes en la materia indican que el riesgo que para la salud suponen las líneas de alta tesión. Los vecinos explican que este juez no hizo más que aplicar el principio de prevención. «O mesmo que alentou ó goberno central para instar que as torres de telefonía móvil se alonxaran das zonas habitadas e o mesmo se pode dicir respeto ó recente problema das vacas tolas, xa que Castor Gago sinalou que anta a máis mínima dúbida se sacrifiquen as reses», señalan. Los vecinos no entienden como tanto el gobierno central como la Xunta continúen afirmando que no hay pruebas de los efectos negativos y no se aplique, como en los casos anteriores, el principio de prevención. Los vecinos señalan que esto pone de manifiesto que tanto la administración central como la Xunta non tienen «o máis mínimo interese en arranxar este grave problema». Señalan que seguirán luchando por la retirada.