Entre los más de dos millones de euros que, al menos de momento, los administradores concursales no han incluido en el «proyecto de de relación de créditos incluidos» por falta de falta de justificación suficiente o por no considerarlo procedente (como los 109.000 euros que reclama Lendoiro del sueldo de la segunda mitad del 2012), figura la reclamación de los herederos de Jesús Corzo Sierra, que ocupó la presidencia del Deportivo durante cinco años en la década de los ochenta. Después de los 618.000 euros que por el momento han desestimado al Las Palmas, la cantidad más importante incluida en este apartado son los 479.063 que se reclaman en nombre de los herederos de Jesús Corzo.
Una deuda que se gestó en esta época, cuando Jesús Corzo y otros dos directivos pusieron una cantidad de dinero en el Deportivo, que posteriormente reclamaron y, según asegura su abogado, José Ángel Martínez, les fue reconocida cuando el club se convirtió en Sociedad Anónima Deportiva, en 1992. «El Deportivo regularizó parte de esa deuda y quedó pendiente otra». De cualquier forma, al parecer, el acta de la asamblea de socios de 1984 recoge el reconocimiento de la deuda.
De acuerdo a la versión del abogado de los herederos de Jesús Corzo, el expresidente del club fracasó en todos sus intentos de cobro a pesar de que, afirma, «existe una acta de la Liga de Fútbol Profesional con el sello del Deportivo y la firma de Lendoiro en la que también se reconoce», ya que en ese momento la LFP se hizo cargo de las deudas.
La complicada trayectoria financiera de los exdirectivos, incluida una condena por estafa inmobiliaria, el deterioro de las relaciones del Jesús Corzo con Lendoiro, con acusaciones mutuas después de que el primero intentara tener acceso al listado de accionistas del Deportivo, además del fallecimiento del reclamante, enfriaron un conflicto que el abogado asegura que no ha prescrito, ya que un acto de conciliación impidió que siguiera contando el tiempo.
Aunque su cliente no ha tomado una decisión definitiva, José Ángel Martínez no renuncia a que los 479.063 euros (además de los intereses) sean admitidos como deuda concursal, bien antes de que los administradores emitan su informe o, posteriormente, con la presentación de un incidente concursal.