Una docena de años de despachos al frente de la federación, un Mundial absoluto, dos platas olímpicas, tres oros Europeos, casi 80 medallas entre todas las categorías, multiplicar por cinco los ingresos anuales y convertir a España en la segunda potencia baloncestística del planeta, por detrás de Estados Unidos. ¿Quién da más? Nadie, debió de pensar José Luis Sáez, el hombre que sustituyó en el 2004 al eterno Segura de Luna, antes de acabar devorado por el éxito o, aún peor, por sus propios excesos, víctima del síndrome del cortijo y de la falta de la transparencia. Un mal que parece afectar a los despachos cuando están acompañados de éxito deportivo.
Tan inmune se sentía Sáez que, según la auditoría encargada por el CSD, los gastos directos de presidencia del 2011 al 2015 alcanzaron los 660.000 euros y la Federación Española de Baloncesto abonó en comidas 737.000. Al parecer, y pese a tener dietas por desplazamiento, la suma de apuntes por este concepto y por manutención supera el de días naturales de un año.
Nadie puede poner en duda los éxitos del baloncesto español en el último decenio, incluso de gestión, aunque también atribuibles a unos clubes que en muchos casos se las han tenido tiesas con la federación; ha sido vital una generación irrepetible a la que el creador del España Básquet Club ha exprimido hasta convertirla en la locomotora -también económica- del baloncesto español. Lo que nadie sospechaba era que bajo tanta medalla y sueldos millonarios (por encima de los 220.000 euros en el 2014) se ocultara una trama de nepotismo y de excesos que recuerda demasiado a otros casos. Los informes han desvelado la existencia de tarjetas black, de gastos personales a costa de la federación y, especialmente, de comidas. Curiosa la fascinación en estos casos ejercen los excesos culinarios y su ahorro.
Ni multiplicar por cien los ingresos ni otras tantas medallas pueden exonerar al expresidente de la federación de su responsabilidad, por más que se empeñe en destacar sus méritos o en recordar que más del 80 % de los ingresos no procedan de subvenciones públicas. Sea cual sea el origen del dinero, un gasto indebido no es ni legal ni éticamente admisible, por muchos títulos que se acumulen.