El sueño era una pesadilla. Otra vez. El irrefrenable fervor patrio que recorrió España los últimos días tenía trampa. Si no es fácil adivinar los méritos necesarios para formar parte del COI, resulta bastante menos complicado desentrañar los impulsos a los que responden sus decisiones. Disfrutan con la opulencia -basta con hacer un repaso del trato que se les dispensa en las rutas previas a la elección de una sede olímpica o a los fastos que rodearon su estancia en Buenos Aires- y son apolíticos, en el peor sentido del término, ese que huye de cualquier clasificación que pueda contaminar su permanencia al frente de la gestión del deporte.
Por eso no es nada extraño que los miembros del COI hayan huido como de la peste de la supuesta austeridad del proyecto español, traducida en realidad como un cínico mensaje para el consumo interno español, muy alejado de sus pretensiones. Los Juegos son los grandes fastos de nuestro tiempo, un acontecimiento en el que prima la exhibición de poderío y que huye de la modestia y de las complicaciones ideológicas. Y en este sentido, la propuesta de Madrid 2020 no ha sabido dar una explicación convincente por el tardío tratamiento que la legislación española le ha dado al dopaje. En la inseguridad financiera y la tibieza en el tratamiento del dopaje han encontrado los miembros del COI los argumentos perfectos para sortear, una vez más, Madrid.
Ahora es el momento de que los impulsores del fracaso expliquen el coste económico de tanta frustración a todos los españoles y el doble efecto dañino que el nuevo fiasco supondrá para el deporte minoritario, ese que proporciona tantas posibilidades de salir en la foto y que tiene en los Juegos Olímpicos la oportunidad de hacerse visible. Más de cien millones de euros tirados por la borda, una cantidad que hubiera ahorrado muchos recortes.