A PESAR de que, institucionalmente, el deporte gallego ha sido rebajado de categoría, situándolo en una Dirección General de una consellería que ni siquiera lo menciona (Consellería de Familia, Xuventude e Voluntariado), abandonando su anterior estatus de Secretaría Xeral dependiente del presidente de la Xunta, los actuales responsables lo compensan demostrando iniciativa e interés. Los proyectos anunciados y las decisiones tomadas hacen percibir nuevos aires en la política deportiva que deben servir de impulso y reordenación del deporte gallego. Por no hacer, ni se había desarrollado la ley autonómica del deporte desde su aprobación en 1997, y después de seis años de larga espera, más que realizar ahora lo que no se ha hecho en su momento, en nuestra opinión, es la hora de sustituir esa norma, de mediocre elaboración y desajustada de la realidad, por una nueva ley que constituya el marco jurídico-deportivo adecuado del que carece actualmente nuestra comunidad. Más allá de los colores políticos, y sin exclusiones, es preciso crear, entre todos los poderes públicos, las entidades y asociaciones deportivas gallegas, los canales de coordinación y colaboración que permitan afrontar con éxito el futuro del desarrollo deportivo gallego en todos sus ámbitos.